El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la organización de los comicios anticipados del próximo 20 de agosto, que se derivaron de la muerte cruzada decretada por el mandatario Guillermo Lasso el pasado 17 de mayo. Su presidenta, Diana Atamaint, señala que al ser un proceso electoral atípico hubo muchos vacío que solventar sobre la marcha, incluso pasando por alto algunas cuestiones legales porque había que ajustar los hitos electorales establecidos en la Constitución y el Código Democracia al plazo de 90 días que tienen para efectuar los comicios. Ella recuerda, no obstante, que el CNE está facultado para hacer esto ya que, en tiempos electorales, son la máxima autoridad.
Este es un proceso electoral atípico, que no estaba reglado. ¿Con qué vacíos se encontraron en el proceso de organización?
Cuando recibimos el decreto presidencial de la muerte cruzada que nos delegaba la organización de las elecciones anticipadas, lo que teníamos que hacer era cumplir con el plazo establecido constitucionalmente: 7 días para la convocatoria a elecciones y 90 días para realizar la elección. Eso es lo único claro que encontramos. Estas elecciones no regulares no tienen normativa alguna, y eso nos puso el desafío de mirar cómo comprimir en 90 días un proceso electoral que normalmente se hace con un año o más de anticipación. Eso significaba que toda la normativa del Código de la Democracia referente a plazos para cumplir con diferentes hitos electorales no tenía que ser considerada. Eso nos dio la posibilidad, como autoridad máxima una vez declarado el periodo electoral, de aprobar un reglamento especial para acomodar fechas de todo el calendario, cuidando los derechos de participación política.
El CNE es el organismo llamado a hacer cumplir el Código de la Democracia, pero ustedes mismos han infringido esa ley en varios temas. Pasaron por alto la obligación de presentar listas con paridad de género, no considerarán estos comicios para el cálculo de votos para eliminar partidos y entregar el Fondo Partidario; y no actualizaron el registro electoral para incluir a los chicos de 16 años, lo que podría afectar derechos de participación.
Nosotros consideramos que no estamos cometiendo ni irregularidades ni violaciones al Código de la Democracia, estamos enfrentando con responsabilidad esta situación atípica. Tenemos la investidura de ser la máxima autoridad en tiempo electoral para tomar decisiones. En esa circunstancia lo que hemos buscado es garantizar que se cumplan todos los hitos electorales dentro de los plazos. No son decisiones arbitrarias. Hemos tomado como referencia lo más reciente, que son las elecciones de febrero pasado, para de ahí partir y cumplir con los plazos. Por eso consideramos que no íbamos a afectar los derechos de participación política de las mujeres con el 30 % de listas, pues tomamos como referencia las anteriores, ya que ni la Constitución ni las leyes están redactadas para circunstancias extraordinarias, como nos pasó en época de pandemia, cuando teníamos en la Constitución nuestro candado más importante, que era la fecha de posesión de autoridades, que debía ser el 24 de mayo, por eso es que a pesar de las presiones políticas no pudimos cambiar las fechas. Inclusive la Corte Constitucional ha dicho que las decisiones que se tomen en periodo electoral son competencia exclusiva del CNE.
Hablando del tema de la paridad de género, ¿es suficiente una ley para garantizar la participación política de las mujeres?
Para responderle tengo que reflexionar sobre la lucha por los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y afroecuatorianos y los jóvenes. No porque seamos mujeres tenemos que obligar a las organizaciones políticas a que nos tomen en cuenta, sino por ser seres humanos con derechos en igualdad de condiciones. Cuando llegamos a la administración del CNE emprendimos una reforma en cuanto a la participación política de mujeres y sanciones para la violencia política de género; hicimos un gran trabajo con el apoyo de la comunidad internacional, primero con un diagnóstico del problema, que no era la falta de participación política de las mujeres sino que las estructuras de las organizaciones políticas no las consideraban, ni a los jóvenes, para ser parte activa de su militancia y mucho menos para candidaturas. Luego las agrupaciones políticas supieron aceptar su deficiencia, que no había formación ni liderazgos de mujeres, y que tenían que improvisar para ponerlas en las listas para cumplir la ley, y que tenían que asumir el desafío de capacitarlas para llegar a la paridad total. Entonces, cuando se planteó la reforma, se trabajó en varias aristas, no solo el porcentaje sino que los recursos que reciben los partidos sean usados con ese fin, y sancionar la violencia política porque es una de las causas por las que mujeres y jóvenes no querían estar en política. Inicialmente se habló de dar un salto inmediatamente de 50-50, pero reconociendo la problemática de los partidos políticos hicimos un acuerdo para que fueran formando paulatinamente a sus cuadros. Pasamos de 0 a 15 %, nos fue bien y superamos eso, luego al 30 % el 5 de febrero pasado y superamos también ese número, y llegamos en algunos casos al 45 %. En los diálogos con los partidos que tuvimos en la organización de estos comicios nos dimos cuenta de que pasar al 50 % complicaba a todo el mundo porque recién habíamos pasado una elección, les tocaba poner mujeres de relleno, sin formación política. Sin querer afectar ese derecho habíamos acordado continuar con el 30 % por ser una elección especial, pero el Tribunal Contencioso Electoral dio paso al 50 %, lo cual está bien. El riesgo de ahora es que haya candidaturas de mujeres improvisadas, he conversado con dirigentes que cuentan que tienen cuadros muy buenos, que en las elecciones pasadas sacaron una buena votación y que ganarían como candidatas a la Asamblea, pero nos dicen: ‘Mira, acabo de pasar unas elecciones, no tengo recursos económicos, tengo que consultar a mi familia para ver si otra vez puedo participar’. Y otra cosa que advertimos es que a todas las organizaciones políticas que ya tenían avanzadas sus listas se les fue al piso todo cuando el TCE resolvió lo del 50 %, porque no solo es cuestión de poner una mujer, si antes había un hombre había que cambiarlo y este no quería ir segundo, había que cambiar los suplentes.
En medio de todas estas dificultades, ¿cómo avanza la organización de los comicios?
Quiero destacar que sí ha habido colaboración de las organizaciones políticas que, corriendo y al apuro, tienen que hacer alianzas, cumplir con requisitos, y hasta ahora no ha habido contratiempos, porque de nuestra parte hemos armado estrategias de contingencia, hemos puesto técnicos para atenderlas de forma personalizada, equipos para ayudarlos a inscribir candidaturas en matriz y en provincias. Hasta ahora se va cumpliendo bien todo lo planificado, sin embargo, sí vemos con preocupación que están dejando para el último días las inscripciones de las alianzas, de las candidaturas. Pero bueno, vamos avanzando.
¿Ya han recibido los recursos del Ministerio de Economía?
El presupuesto aprobado por el pleno es de $ 79,9 millones; esto se divide en $ 48,3 millones para la primera vuelta y $ 31,6 millones para la segunda. Nos han hecho dos desembolsos de $ 31 millones. El primero era para contratar personal, que era urgente; el segundo va para contratación de papeletas con el el IGM, la integración del kit electoral, el monitoreo de medios, que son los temas más importantes que estamos ya desarrollando.
¿Cómo se ha trabajado en la renovación de equipos y sistemas tecnológicos del CNE? Eso ha sido solicitado por la Contraloría y las misiones de observación electoral.
En las elecciones presidenciales pasadas ya avanzamos en algo en la renovación de equipos; y en las últimas seccionales se logró renovar los más urgentes, los que ya no había posibilidad de repotenciar, y salimos bien con eso. En los actuales, según las recomendaciones de las misiones de observación electoral, usaremos tecnologías alternativas, como el repositorio digital o la nube para almacenar información y tener nuestros centros de contingencia para cualquier situación que se dé, tener respaldos que puedan usarse cuando sea necesario o en la transmisión de resultados. Estamos preparados, hay tranquilidad sobre aquello. Obviamente habrá que hacer ajustes, la tecnología avanza y los riesgos crecen. El apoyo internacional ha sido clave.
En la campaña pasada hubo denuncias respecto a que algunos candidatos tenían nexos y financiamiento del narcotráfico. Usted comentó que no era competencia del CNE investigar estos temas y entiendo que eso no ha cambiado. ¿Pero qué es lo que usted sí puede hacer para controlar este tema?
Para decir que el financiamiento de una campaña tuvo un origen poco transparente, o no legal, se necesita una investigación y que un juez lo determine, pero no un juez electoral, porque es un delito y esto lo investiga la justicia ordinaria. Lo que hacemos es controlar las infracciones electorales, que sí nos corresponden. Pero lo que sí podemos hacer es, al final de la campaña, cuando los partidos y candidatos rinden cuentas, de la información que hemos recabado, podemos levantar alertas sobre los contribuyentes o aportantes de campaña para que la Fiscalía asuma la responsabilidad. En las elecciones pasadas se habló mucho de eso de parte de actores políticos que decían que conocían o que tenían información de financiamientos ilícitos, pero supongo que esas denuncias se pusieron en la Fiscalía para que sean investigadas. No conozco si estas personas pusieron estas denuncias como infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral.
En los últimos comicios hubo denuncias de fraude en algunas provincias de parte de algunos personajes políticos, eso está en investigación de la Fiscalía General. ¿Qué tanto fundamento tuvieron?
Eso fue totalmente falso, no hubo ninguna circunstancia como la que se mencionó. Ninguno de los sujetos políticos que participaron en la contienda electoral, de lo que yo sé, ha puesto ninguna denuncia de fraude. El que sí las puso fue un encuestador que no logró cuadrar sus números, que no hizo bien su investigación, y quería exigir a la autoridad electoral que los resultados electorales, la voluntad del pueblo en las urnas, coincidan con su encuesta mal hecha, con sus investigaciones poco profesionales, con el único objetivo de tener un crédito comercial con aquellas personas que les dio el servicio. Para nosotros es importante que esas investigaciones concluyan en el menor tiempo posible porque no le hacen daño a la presidenta del CNE, a los consejeros, le hacen daño a la democracia, a la estabilidad política del país.
Usted había dicho que planteará reformas al Código de la Democracia para introducir sanciones más fuertes para los encuestadores que no hagan un trabajo técnico. ¿Cómo avanza esto?
La ley y el reglamento son abiertos, eso les da la posibilidad de cometer algunas irresponsabilidades. No son todos. Tenemos que ser más rigurosos en revisar el reglamento y plantear cambios en el Código de la Democracia para que esto no vuelva a suceder. Pero esto no significa que vayamos a coartar la capacidad de investigación estadística, que si se hace de forma responsable puede ayudar a la democracia. Considero que debemos ser más estrictos y rígidos en mirar las condiciones y momentos para publicar estos sondeos.
¿Qué lectura hace usted de esta tendencia que hemos visto en este proceso electoral respecto a que hay muchos candidatos sin partidos y muchos partidos sin candidatos. ¿Esto puede dar paso a lo que se llama “partidos de alquiler” que se viene denunciando hace algunos años?
Son temas que todavía persisten en nuestro sistema político, (no hay) formación de liderazgos dentro de sus militancias, y ahí entra lo de jóvenes y mujeres. Vemos que candidatos que participaron por unas tiendas políticas ahora van con otras. Ahora, todos tenemos el derecho constitucional de elegir y ser elegidos, sin discriminar si pertenezco o no a una determinada ideología política; en segundo lugar, es el tema interno de cómo las organizaciones políticas escogen a sus candidatos y que consideren que será la respuesta a sus planteamientos que le harán al país. En lo que se debe reflexionar es que las organizaciones políticas necesitan trabajar en el fortalecimiento de sus bases para no encontrarnos con estas novedades.
¿Pero sí hay partidos de alquiler?
El Código de la Democracia garantiza dos formas de ser candidato: pueden ser los afiliados de los partidos o adherentes de los movimientos, o, siendo afiliado o adherente de un partido, puedes postularte por otro siempre y cuando te hayas desafiliado tres meses antes, o tengas el permiso de tu partido. Esto siempre se ha dado, es un derecho que les asiste a los que quieran ser candidatos. Hay una tercera opción que es que las agrupaciones hagan alianzas y busquen candidatos por fuera de sus filas. Mucho se ha escuchado en medios redes que invocan a que los partidos se junten y hagan alianzas para tener un candidato que combata a otro. Eso está dentro de la legalidad.
Fuente: El Universo