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Juez de la Corte ordena la prisión de asambleísta Daniel Mendoza

Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza País, será trasladado a una cárcel por el presunto delito de delincuencia organizada. Antes de la medianoche de este viernes 5 de junio del 2020 el juez Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia, acogió el pedido planteado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

La investigación de la Fiscalía también involucra a otras cinco personas, entre ellas el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva.

La indagación arrancó en marzo y se ejecutó en reserva. La Fiscalía rastreaba una supuesta red de corrupción que se habría articulado alrededor del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales.

El 14 de mayo fue la primera incursión policial en Manabí. Ese día fue detenido Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta Daniel Mendoza (AP-Aliados). Desde entonces las pistas señalaban al legislador, quien fue capturado el pasado viernes 5 de junio de 2020.

Hoy, la Fiscalía lo señala por el delito de delincuencia organizada, una figura penal que es sancionada con cárcel de siete a 10 años (art. 369 del COIP).

La aparente vinculación de Mendoza con esta red se explica en un parte elaborado por las unidades de Inteligencia Antidelincuencial y de Lavado de Activos de la Policía.

“Se desarticuló una presunta organización delictiva integrada por el ciudadano Daniel Mendoza, quien conjuntamente con su círculo laboral y otros se habrían beneficiado ilícitamente de los fondos asignados al Consorcio Pedernales-Manabí, para el cumplimiento del contrato de construcción del Hospital de Pedernales”, señala el documento, que ahora está judicializado y es parte del expediente.

El monto que se habría desviado es de USD 7,3 millones y era parte del anticipo de USD 8,2 millones que el 3 marzo el Servicio de Contratación de Obras (Secob) entregó al Consorcio para que el constructor comenzara la edificación.

USD 1,6 millones del dinero público, que además provenía de la cuenta para la reconstrucción de Manabí, fueron encontrados en poder del asesor de Mendoza y de otras ocho personas que fueron detenidas en mayo.

Entre estas aparece el representante del Consorcio Pedernales-Manabí. Todos fueron acusados por lavado.

Ahora, las nuevas investigaciones establecen que dicho Consorcio recibió el contrato gracias a “procedimientos irregulares” ejecutados por funcionarios del Secob.

El titular de esta institución, René Tamayo Silva, también está detenido y con él otros colaboradores de menor rango.

La Contraloría estableció indicios penales en el proceso de licitación. Por ejemplo, los auditores hallaron que los funcionarios validaron la experiencia de la constructora “sobre la base de documentos inválidos”. Por otro lado, desestimaron las propuestas de las empresas extranjeras “sin motivos”. Así, los funcionarios habrían configurado el escenario para que el Consorcio Pedernales-Manabí resulte ganador, indicaron agentes que investigan el caso.

Cuando se produjo la detención de su asesor legislativo, Mendoza se pronunció a través de Twitter. Calificó de “insinuaciones malintencionadas” las vinculaciones hacia él. “Pido a las autoridades de la justicia ecuatoriana que actúen con celeridad e independencia, para que se aclare lo ocurrido”, dijo en su red social.

En ese primer operativo, la Policía encontró evidencia que ya lo apuntaba. Por ejemplo, al asesor se le incautó de una libreta con notas a mano en donde había apuntado frases como: “Trabajo político. Campaña DM. Contratistas y campaña Mejor. Navidad Mejor”. También había anotaciones sobre montos de dinero.

Mejor es el movimiento político fundado por Mendoza y del que también es parte su asesor.

Por eso, entre las evidencias levantadas por Criminalística constan fichas de afiliación y formularios de inscripción al partido y certificados de la Escuela de Liderazgo Mejor.

Los agentes no descartan que parte del dinero derivado del hospital haya servido para sostener las actividades políticas. Además, se indagan otros hechos de corrupción en el Hospital de Bahía de Caráquez, de la misma provincia.

Otros indicios recogidos fueron sellos de instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Secob-Manabí, armas de fuego, chalecos antibalas, documentos y dispositivos electrónicos.

Este Diario se contactó con la abogada de Mendoza, pero hasta el cierre de esta edición no respondió. Para las 19:00 de ayer estaba previsto que se realice la audiencia de formulación de cargos. El juez de la Corte Nacional de Justicia Marco Rodríguez debía llevar adelante esta cita judicial.

El bloque Alianza País-Aliados también se pronunció. En un comunicado sostuvo que ratifican la postura “incondicional de combatir todo acto de corrupción y delitos contra la administración pública por lo que ninguna persona está por encima de la Ley”.

Además, se dijo que “la administración de justicia y las autoridades de control deben actuar, como lo han venido haciendo, con celeridad”.

En contexto

La construcción del Hospital de Pedernales fue un ofrecimiento del anterior Gobierno, como parte de un programa de reconstrucción de Manabí. La Contraloría halló indicios penales en la primera adjudicación, que se echó abajo en el 2019.

 

Fuente: elcomercio.com

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