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El legislador Daniel Mendoza fue recluido en la Cárcel 4 de Quito

Luego de que el juez nacional Marco Rodríguez ordenara prisión preventiva, el legislador Daniel Mendoza fue llevado a la Cárcel 4 de Quito.

El parlamentario fue traslado a las 06:00 de hoy, en medio de un operativo policial.

Un poco antes de la medianoche de ayer, viernes 5 de junio del 2020, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra seis personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. En ese grupo está Mendoza.

Ellos formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Durante su exposición, la fiscal general de Estado, Diana Salazar, presentó 15 elementos con los que justificó la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada.

Señaló que el asambleísta, valiéndose de su cargo, habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, mismas que incluyeron la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Afirmó que en los computadores, que fueron incautados en el Consorcio Pedernales-Manabí, se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Mendoza y a Eduardo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Dijo que también se encontraron registros de los pagos realizados a Jorge J. y Franklin C. y de los cuales Olga M. era la encargada de realizar a través del Consorcio.

Las investigaciones de Fiscalía señalaron que estas actividades se habrían llevaron a cabo de “común acuerdo” y que los procesados formaron un grupo estructurado, cuyas acciones “se realizaron de manera reiterada y planificada con el único fin de buscar beneficio económico y material”.

Salazar presentó ante el Juez memorandos, partes policiales sobre la presunta estructura delincuencial, peritajes de intercambios de chats donde se señala que dos de los procesados rendían cuentas y se reunían con el asambleísta Mendoza.

Entre las pruebas también están escuchas telefónicas, en las que “se detalla la manera en la que se concertaban entregas de cheques y dinero”.

Además, presentó el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, que señala irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales y la correspondiente inobservancia del Secob.

El delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el art. 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de siete a diez años de privación de la libertad.

 

Fuente: elcomercio.com

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