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Llega a la Unidad de Flagrancia de Quito el asambleísta Daniel Mendoza, investigado por el delito de delincuencia organizada

Luego de seis horas de viaje vía terrestre desde Portoviejo en una caravana policial, este viernes llegó a la Unidad de Flagrancia del norte de Quito el asambleísta Daniel Mendoza, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y tres personas más. Ellos fueron detenidos durante la madrugada en varias ciudades de Manabí como parte de un proceso de investigación por el delito de delincuencia organizada.

Desde las 03:00 de este viernes también se encuentra en la Unidad de Flagrancia el director del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), Edmundo Tamayo, quien fue detenido en su departamento en Tumbaco, al nororiente de Quito, por estar aparentemente relacionado con la existencia de la estructura de corrupción de la que sería parte Mendoza y que operaba en construcciones como las del hospital Básico de Pedernales.

Las oficinas del Secob en Quito y Portoviejo fueron parte de los 14 allanamientos que se realizaron en las provincias de Pichincha y Manabí. En Portoviejo y Bahía de Caráquez se detuvo a cuatro personas -incuyendo una mujer de 83 años-: Jennifer C., Olga M., Tania S. y Ángel A. La mujer adulta mayor no fue trasladada hasta Quito por cuestiones de salud y edad.

De lo que se conoce, los cuatro detenidos llegaron a flagrancia para que se les realice un chequeo médico y para que rindan una versión respecto a los hechos que se conoce sobre el delito investigado. Las órdenes de allanamiento y detención habrían sido solicitadas por la fiscal general, Diana Salazar, quien es la funcionaria que lleva el caso por el fuero de Corte Nacional que cobija al legislador Mendoza.

Hasta el momento no se conoce si se realizará una audiencia de formulación de cargos, una audiencia de flagrancia o se les vinculará al proceso por el delito de lavado de activos en el que se abrió una instrucción fiscal en la que son procesados nueve personas, entre las que está Jean B., asesor del asambleísta Mendoza.

Lo que las autoridades investigarían directamente en este caso es el beneficio ilícito de los fondos asignados al Consorcio Pedernales Manabí para el cumplimiento del “Contrato Construcción Hospital 30 camas Pedernales” en el año 2019, por un monto aproximado de $7 millones. (I)

Fuente: El Universo

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