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Llamado a juicio en caso Sobornos 2012-2016 alcanzó además a diez empresarios

La jueza Daniella Camacho consideró que los hechos relatados en la acusación fiscal del caso Sobornos 2012-2016 sí se adecúan al tipo penal de cohecho y que los elementos de la acusación son suficientes para presumir la existencia del delito o de la participación de al menos 21 procesados, a quienes se los llamó a juicio.

Oficios institucionales, versiones de empresarios, escritos, copias de facturas e información ubicada dentro de archivos de excel que estaban en computadoras periódicas, … son parte de los elementos de convicción que valoró Camacho para emitir un auto de llamamiento a juicio contra diez empresarios privados a quienes se los acusa de haber entregado recursos, en efectivo o a través del cruce de facturas, a cambio de asegurar contratos en obras de infraestructura estatal.

Los hechos relatados revelarían la entrega y recepción de valores acordados por parte de empresarios y funcionarios públicos que estaban en la parte alta de la «organización delincuencial», con la finalidad de asegurar la adjudicación de contratos con el Estado y los correspondientes convenios de pago.

Fiscalía asegura que durante el periodo 2012-2016 se estructuró una «organización delincuencial» integrada por funcionarios públicos quienes facilitaron la aceptación de ofertas, promesas o presentes por parte de empresarios privados. Los recursos entregados servían, entre otras cosas, para actividades del movimiento político Alianza País al que pertenecían estos funcionarios públicos.

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