Política

Después de 18 años, solo hay una sentencia por el feriado bancario

El feriado bancario, que se anunció en medio de la angustia de miles de ahorristas ecuatorianos, un día como hoy hace 18 años, durante el gobierno de Jamil Mahuad, es usado ahora por el régimen para cuestionar al candidato presidencial opositor Guillermo Lasso.

A Lasso se lo ha relacionado con el caso por haber sido superministro de Mahuad; él lo ha desmentido por haber ejercido ese cargo luego y por 37 días.

Para hoy, el presidente Rafael Correa llamó a una marcha para “recordar un aniversario más de ese nefasto acontecimiento (…), de cuando nos quebraron como país y recordar la migración que provocaron cuando nos robaron los depósitos”.

De la misma manera, el diario oficialista El Telégrafo promociona un CD con la historia de “El atraco más grande de la historia ecuatoriana”.

Pero para Eduardo Valencia, miembro de la Comisión de Investigación de la Crisis Económica Financiera creada por el propio Correa, y Víctor Granda, quien fue parte acusadora en el juicio contra el expresidente Mahuad, durante los últimos 10 años no se han impulsado investigaciones a los responsables de los perjuicios en contra del Estado y los ahorristas.

Granda indicó que en el 2014 hubo una sentencia de primera instancia contra Mahuad por peculado al ordenar el congelamiento de fondos, pero tras la apelación del acusado el proceso está paralizado.

Inicialmente, a Mahuad se le dio un sobreseimiento provisional, pero que en el 2007, tras un informe de la Comisión Anticorrupción, se estimó el perjuicio en $ 8.000 millones, por lo que se reabrió el juicio.

Valencia aseguró que en su informe le dio al presidente de manera clara los indicios de responsabilidad de lo que considera un enorme atraco a la Corporación Financiera Nacional, producto del feriado bancario.

El exfuncionario explicó que en su investigación concluyó que el Decreto 1492 permitió de manera ilegal el uso de los CDR (Certificados de Depósitos Reprogramados).

En este proceso hubo entidades que compraron CDR a bajos precios o con descuento de hasta un 50% y los entregaron a la CFN recibiendo al 100%.

Para Valencia, esto fue un perjuicio al Estado de al menos $ 1.078 millones, que traído a valor presente sería de al menos $ 3.500 millones.

Valencia lamentó que desde la presentación del informe no se hizo ningún seguimiento.

En su opinión, el problema fue que entre los responsables constaban funcionarios que luego fueron parte del Gobierno; y que se habrían beneficiado de estas operaciones, dijo.

Se refirió a Pedro Delgado, quien fue gerente de Riesgos de la CFN, y Juan Falconí, que fue superministro de la Producción de Mahuad.

Valencia dijo que pidió a Correa que se tomaran las medidas para judicializar el tema y cobrar el dinero. Esto no pasó.

Pero la asambleísta Alexandra Ocles (AP) opinó que el Gobierno ha buscado en estos diez años resarcir de alguna manera a los migrantes, uno de los grupos afectados por el caso.

Esto, a través de una serie de políticas sociales como el Plan Retorno y protección financiera y de seguridad social.

Y consideró como un esfuerzo importante la incautación de bienes a los exbanqueros.

Admitió que se debe buscar a los responsables posteriores al salvataje, como los liquidadores de los bancos quebrados, pero opinó que es un tema que se debe desenredar. (I)

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