La designación del titular de la Superintendencia de Bancos y la de un vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) están detenidas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pese a que se avanzó en la primera fase de verificación de los requisitos de admisibilidad de los integrantes de las ternas.
En agosto pasado, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial del Guayas, declaró nulo el proceso de designación de Raúl González como superintendente de Bancos, en el trámite de una acción de protección, y ordenó que de manera inmediata se eligiera a una nueva autoridad.
El 5 de agosto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió una nueva terna compuesta por Roberto Romero von Buchwald, Rosa Herrera Delgado y Felipe Cabezas-Klaere.
El 10 de agosto, un equipo técnico de servidores del Consejo concluyó que los tres participantes cumplieron los requisitos y no están incursos en prohibiciones o inhabilidades constitucionales o legales.
Tres meses después, ese informe no se ha conocido en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana para tomar una resolución.
Esto mientras en la Corte Provincial de Justicia del Guayas aún no se tramita la apelación a la acción de protección que presentó la ciudadana Mishelle Guerra de Andrés, que declaró nula la elección de Raúl González.
La apelación radicó en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas, y el tribunal está integrado por los jueces Nelson Ponce Murillo, Alfonso Ordeñana Romero y Manuel Torres Soto, quienes aún no han convocado a la audiencia, según consta en el sistema de la Función Judicial.
Por otro lado, quedó pendiente la designación del delegado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ante el Consejo de la Judicatura, hasta que la secretaría general del CPCCS confirme información de dos postulantes.
El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, remitió el 17 de octubre al Consejo de Participación Ciudadana una terna integrada por Marco Antonio Tello Sarmiento, Blanca Alexandra Vallejo Bazante y Andrés Esteban Mogrovejo Abad, en ese orden.
En la revisión de sus documentos, un equipo técnico del Consejo señaló que Marco Tello Sarmiento y Andrés Mogrovejo Abad incurrían en un incumplimiento, en tanto que Blanca Vallejo Bazante cumplió los requisitos legales.
Sobre los dos participantes, se observó que en su declaración juramentada no confirman no estar incursos en la prohibición contemplada en el artículo 11, literal O, del reglamento, que refiere: “Quienes hubieren sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para otras funciones”.
De acuerdo con el informe, la declaración juramentada de estos dos ciudadanos señala: “No haber sido designado por el CPCCS como miembro del Consejo de la Judicatura”.
El equipo técnico recomendó que la secretaría general del CPCCS emita una certificación que permita verificar el cumplimiento de este artículo, pues Tello y Mogrovejo no incluyeron esa información en su declaración juramentada ni en otra fuente documental.
El 8 de noviembre último, el pleno conoció estas conclusiones y acogió la recomendación con cuatro votos de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos se abstuvieron.
La resolución establece que la secretaría del CPCCS cumpla con buscar en sus archivos si Tello y Mogrovejo fueron designados para cumplir otras funciones, pero no se le dio ningún plazo para cumplir con la resolución del pleno.
Ello provocó molestia en Almeida, Rosero y Dávalos, quienes recordaron que esta designación se hace por una disposición de la Corte Constitucional (CC) y que, al no establecer un plazo o término para que la secretaría busque esta información, se estarían dilatando los procedimientos con objetivos políticos.
La consejera Almeida denunció que esta decisión (no fijar un plazo a la secretaría para que encuentre esa documentación) es para ”ganar tiempo frente al juicio político” que está en trámite en la Asamblea Nacional. Con ella coincidieron Rosero y Dávalos.
El presidente Hernán Ulloa les respondió que la tarea de la secretaría no es para cuando “le dé la gana” de cumplir con el requerimiento del pleno, aunque aclaró que se debe hacer con “diligencia”.
Mediante terna enviada por el presidente de la República también se designó al nuevo procurador del Estado, en reemplazo de Íñigo Salvador, quien notificó a la Asamblea Nacional que terminó su periodo en funciones.
En su reemplazo, el CPCCS designó a Juan Carlos Larrea Valencia, el 20 de octubre, y desde entonces el Parlamento no lo posesiona.
En un primer momento, el legislador de Pachakutik (PK) Ricardo Vanegas pidió que no se lo posesione hasta confirmar si existe un conflicto de intereses, debido a que es accionista del Banco Guayaquil.
Estaba previsto que este jueves, 10 de noviembre, asumiera su cargo en el hemiciclo del Legislativo, pero la plenaria se suspendió a último momento. (I)