Desarrollo de los comicios del 2023 avanzan bajo las primeras discrepancias entre los cinco vocales electorales

La correlación de fuerzas en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) varía nuevamente, a propósito de la organización de las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se realizarán el 5 de febrero de 2023. La mayoría de tres consejeros se reagrupa, frente a dos que están en minoría.

Luego del 5 de febrero pasado que se declaró el periodo electoral para efectuar estos comicios, el CNE enfrentó sus primeros tropiezos, tanto para dar paso a un plan piloto para implementar el voto electrónico en el territorio nacional, como para aprobar el Presupuesto Operativo Electoral (POE).

Los consejeros electorales Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero se opusieron a implementar el voto electrónico, mientras que Elena Nájera cuestionó la ‘pobreza’ de argumentos técnicos de un informe interno que recomendó no implementar esta modalidad de votación.

Al igual que el vicepresidente Enrique Pita, lamentó el contenido de dicho documento que argüía que no hay tiempo y presupuesto para llevarlo a cabo.

La mayoría se impuso y el voto electrónico no se realizará.

Similar situación se observó en la aprobación del POE. Por dos ocasiones esta actividad se pospuso, obligando a reformar el calendario electoral, que en inicio planteaba resolverlo el 5 de febrero y que finalmente se aprobó este 2 de marzo.

La votación por un monto de $ 109′344.945 fue de Atamaint, Cabrera y Acero. Nájera se abstuvo y Pita votó en contra.

Los dos últimos alertaron de los excesivos rubros planteados para el área de comunicación y contratación de personal. Para comunicación, por ejemplo, se planteó un valor de $ 8′359.543.

Por ello, exhortaron a las autoridades de control, en especial a la Contraloría General del Estado, a que observe el destino de los recursos públicos en los procesos de contratación.

Incluso, desde la consejería de Pita se hizo un seguimiento interno a la Coordinación Nacional de Desarrollo de Productos y Servicios Informativos Electorales (comunicación) respecto de “graves inconsistencias” que se detectaron en documentos emitidos para justificar las contrataciones.

“(…) Se evidencian graves inconsistencias e irregular e inaceptable uso de documentos”, señaló Pita en un memorando enviado a la presidenta Atamaint el 14 de febrero pasado, en el que le expresó su inconformidad con el accionar de funcionarios que “han pretendido sorprender a los consejeros y a la institución con documentos ‘presumiblemente’ adulterados como sustentos para la construcción del presupuesto”.

Ejemplificó que el 1 de febrero de 2022, en un correo electrónico institucional se solicitó a un proveedor: “Con un atento saludo, me permito solicitarle nuevamente la cotización de publicaciones pero que en la fecha únicamente diga “Enero 2022″, el valor de igual forma podría darnos una mano colocando un valor que no pase de $ 109.769 por favor”.

En la sesión del 2 de marzo, Atamaint respondió que el proceso electoral podrá ser auditado por las organizaciones políticas y por las veedurías ciudadanas.

Además, que el presupuesto “no está escrito en piedra” y que posiblemente se reduzca, si al llegar al 2023 la pandemia del COVID-19 logra controlarse y así evitar que los costos para kits de bioseguridad no se ejecuten, pues ascienden a $ 346.409.

La presidenta alegó también que el presupuesto se elevó para pagar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la seguridad y transporte de los documentos electorales por los costos de los combustibles. A ellos se les cancelará en total $ 10′980.071, según la planificación.

Este fraccionamiento interno en el CNE no es nuevo. Se vio en la organización de las elecciones seccionales del 2019, cuando Pita hacía minoría con el exvocal Luis Verdesoto, y en las presidenciales del 2021, cuando también los dos eran minoría y Atamaint, Acero y Cabrera eran la mayoría.

Esto incluso ha sido observado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su último informe del 2 de febrero de 2022 a las presidenciales recientes, la Misión de Observación Electoral “observó tensión en las relaciones entre los consejeros; (…) emitieron pronunciamientos que resultaron contradictorios, confusos o que reflejaban falta de unidad institucional. La ausencia de una estrategia de comunicación institucional y la relación compleja de los integrantes se tradujo en falta de certeza en algunos aspectos del proceso y, según ciertos actores, también causó desconfianza”, cita el documento.

Se sugirió mejorar aspectos de comunicación y “si bien algunas de las recomendaciones fueron tomadas en cuenta, la Misión constató que no todas fueron atendidas”.

En el último proceso electoral, las discrepancias se apaciguaron cuando el movimiento oficialista CREO y el Partido Social Cristiano (PSC) impulsaron una alianza electoral para impulsar la candidatura a la Presidencia de la República de Guillermo Lasso.

Esta alianza se rompió cuando en la Asamblea Nacional se dio la elección de sus autoridades y CREO apoyó la postulación de Guadalupe Llori a la presidencia y no la de Henry Kronfle del PSC.

A esta división se suma que el CNE está en un proceso de renovación parcial, en la que dos vocales deberán culminar su periodo en funciones, cuya salida se determinará por un sorteo público que debe realizar el CPCCS, del que no hay fecha definida.

El concurso de selección de sus remplazos tampoco avanza, mientras los cinco consejeros se mantienen en funciones prorrogadas.

De forma paralela, en el Legislativo una coalición compuesta por las bancadas del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), del PSC y algunos legisladores del ala rebelde de Pachakutik (PK) buscan priorizar el juicio político a cuatro de los siete consejeros del CPCCS que son la mayoría.

Estas mismas fuerzas tienen representantes en el CNE, con José Cabrera, quien fue electo consejero por el CPCCS de Transición y fue postulado por el PSC; Acero, exasambleísta de Alianza PAIS en el gobierno de Rafael Correa; y, Atamaint, que tiene apoyo de un sector de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Pita fue postulado por CREO y Nájera por el movimiento Concertación y se principalizó luego que Verdesoto renunció a la consejería.33

 

Fuente: El Universo

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