El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió negar y archivar la denuncia en contra de Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas y presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana (RC).
Ortega, emitida el lunes 11 de septiembre, que tuvo a cargo la causa que acumuló las denuncias, por los mismos motivos, que interpusieron Juan Estaban Guarderas y Bernardo Jijón, miembros de la Fundación Lucha AntiCorrupción (FLAC). Guarderas, además, es vocal suplente del CPCCS.
Los denunciantes acusaron a Vera y Aguiñaga de haber cometido una infracción electoral grave, con realizar proselitismo político en las elecciones de febrero de 2023, cuando la ley prohíbe que los aspirantes a consejeros del CPCCS sea promocionados o auspiciados por organizaciones políticas.
Los accionantes aseguraron que Vera, mientras era candidato a vocal del CPCCS, recibió respaldo de dirigentes del movimiento Revolución Ciudadana, entre ellos Marcela Aguiñaga y el expresidente Rafael Correa. Que en redes sociales se difundieron contenidos para promocionar la candidatura Alembert Vera, al igual que otros seis aspirantes.
Según Guarderas y Jijón, los accionados incurrieron en la infracción tipificada el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, que sanciona “el incumplimiento de resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral” con una multa de 21 a 70 salarios básicos, destitución y la pérdida de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Pero el juez electoral, luego de analizar las pruebas de cargo y descargo de las partes involucradas, determinó que las redes sociales no son considerados como medios digitales de comunicación, según el Reglamento de Promoción Electoral. Así que la difusión de publicidad electoral en redes sociales no se considera como parte de la promoción electoral.
Fuente El Universo