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De los 1699 fallecidos que constaban en el padrón del 2019, 14 aparecieron como sufragantes

Catorce muertos habrían votado en las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se realizaron el 24 de marzo del 2019.

La cifra consta en los resultados de un informe definitivo, que también dio seguimiento a otro expediente de agosto del 2019, aprobados por la Contraloría General del Estado y que se remitió ayer a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, para que se apliquen correctivos.

La auditoría, que comprende el periodo del 1 de septiembre del 2018 y el 28 de febrero del 2020, observó que de 1699 personas incluidas en el Registro Electoral o padrón 14 «constaron como sufragantes».

Este problema surgió porque el personal del CNE «no habilitó controles de validación en la conformación del registro electoral que permitan detectar inconsistencias».

Se detalla que no constaban las fechas de fallecimiento de 1689 personas y mantenían un código de verificación diferente al de fallecido a «pesar de que esta información sí estaba registrada en la base de datos de defunciones» del Registro Civil.

Por ejemplo, para 15 registros de personas con el registro de fallecimiento, la condición del cedulado no era de «fallecido» sino de cédula inválida por expiración o analfabeto.

En otros ocho registros hay inconsistencias en los nombres y apellidos fechas de inscripción de defunción. Ello derivó en que 14 personas aparezcan como sufragantes, cita el documento de 100 páginas.

El padrón para estos comicios se aprobó el 6 de noviembre de 2018, cuando estaba en funciones el Consejo Electoral Transitorio, presidido por Gustavo Vega, y en el que actuaban también los actuales consejeros Diana Atamaint y José Cabrera.

En ese marco, la Contraloría cuestiona que además de los fallecidos hubo inconsistencias en el empadronamiento de extranjeros y personas con sentencia ejecutoriada.

Por ejemplo, de los 13 261 994 electores habilitados para votar en esos comicios, 20 833 extranjeros fueron incluidos «sin que se evidencie la solicitud de su inclusión».

Entre estos, 40 extranjeros no cumplían con la condición de residir cinco años en el país; y, otras 1714 personas que tenían la visa cancelada antes del cierre del padrón fueron incluidas.

Se habilitó a 3210 electores con sentencia ejecutoriada, de las que 927 votaron; pero, se excluyó a 792 que ya habían recuperado sus derechos políticos al cumplir la sentencia.

En el caso de la verificación de las firmas que presentaron 31 organizaciones políticas (no se mencionan sus nombres) para su inscripción, se evidenció que 17 073 registros fueron aceptados como adherentes, pese a que los números de cédula no eran válidos porque «no identifican a persona alguna» ya que tenían entre nueve y doce dígitos (la cédula consta de diez dígitos); y otras siete firmas calificadas que están repetidas en varios movimientos políticos.

Además, se aprobaron como adherentes a 128 personas que están muertas, 747 menores de 16 años, 199 miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Esto se da, según el ente, porque el CNE continúa utilizando el sistema informático adquirido en el 2012, ControlCap «que no posee códigos y programas que garanticen su mantenimiento».

En otras observaciones, se determinaron fallas en el Sistema de Transmisión de Resultados, que de un total de 248 835 actas de escrutinio, 20 451 presentaron la condición de “inconsistencia numérica”, lo que obligó a hacer reconteos.

En varias de las conclusiones que se reseñan en el informe, la recomendación a Atamaint es que informe al pleno las acciones que se realizarán para tomar correctivos.

El CNE no se pronunció sobre estos resultados, que se dan en medio de la organización de las elecciones generales del 2021. (I)

Fuente: El Universo

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