¿Cuáles son los reclamos que se revisan sobre el dragado del río Guayas y que motivaron la suspensión del proceso?

A horas de que el dragado del río Guayas fuera adjudicado (24 de febrero), dos de los tres consorcios oferentes presentaron reclamos ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), instancia que dispuso la suspensión del proceso para supervisarlo y ejercer las acciones de control para las cuales tiene competencia.

Por su parte, la Prefectura del Guayas, entidad contratante, ha presentado ya los respectivos descargos y aunque el Sercop no tiene un tiempo límite para dar a conocer sus resoluciones, el Gobierno provincial espera que pronto se levante la suspensión.

Confía en que esta supervisión, que es una acción normal en los procesos de contratación pública, no altere lo planificado para ejecutar la extracción de 6,28 millones de metros cúbicos de sedimentos en los alrededores del islote El Palmar, pues la comisión técnica conformada para la evaluación y calificación de ofertas cumplió con rigurosidad sus funciones, aseguró la prefecta Susana González.

El proceso de dragado en el río Guayas se suspende ante reclamo de dos oferentes. Concurso ya estaba adjudicado

La obra fue adjudicada al consorcio Dragando por Guayas, integrado por las firmas Tianrun Grupo de Qingdao S. L. (65 %), Kalkin S. A. (33 %) y Tyrone Leyva Castro (2 %), que presentó una oferta por $ 44′016.862,35.

Para el proceso convocado por la Prefectura del Guayas se fijó un presupuesto referencial de $ 47′410.832,46, sin incluir el IVA.

El Gobierno provincial calcula que hasta el 15 de abril estaría suscrito el contrato y comenzar la obra desde mediados de agosto, en un plazo de 720 días.

¿En qué consisten los reclamos?

El consorcio El Palmar, constituido por Sudamericana Integral de Construcciones Sudinco S. A. (50 %), Sabavisa S. A. (25 %) y Asesores Financieros Andalucía Occidental Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (25 %), que presentó una oferta por $ 38′869.975,49, planteó las siguientes observaciones:

– Acerca de la descalificación del procurador común designado por el consorcio por ser, según la Prefectura, una persona ajena a los partícipes, dicho oferente presentó su inconformidad. Sostuvo que los sentidos literal y gramatical del pliego y del pronunciamiento del Sercop no limitan la designación del procurador común de un consorcio a las calidades de “accionistas” o “socios”.

– Sobre la declaración de las cuentas bancarias de los beneficiarios, la comisión técnica de la Prefectura descalificó a El Palmar, porque no declaró los números de cuentas de cinco de los beneficiarios finales de los recursos públicos a quienes irían los montos del contrato en caso de resultar adjudicatarios.

El consorcio argumentó que al tratarse de beneficiarios finales que no residen en Ecuador no hay norma que obligue a los oferentes a presentar las cuentas pertenecientes a dichas personas naturales extranjeras, en otro país.

– De la verificación de inhabilidades para contratar con el Estado, dicho conglomerado señaló que la comisión técnica comprobó la habilitación del consorcio en el Registro Único de Proveedores (RUP) y que ninguna de las empresas, incluyendo sus accionistas, mantiene deudas pendientes con el Estado.

Pero el Gobierno provincial expuso que Sudinco S. A., su accionista Caneybi S. A. y la accionista de Caneybi S. A., María Belén Herdoíza Guerrero, son deudores morosos de CNEL. Y ser deudor del Estado o de sus instituciones inhabilita la contratación, recalcó la Prefectura.

Fuente El Universo

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