Críticas por decreto de austeridad fiscal

El Decreto 457, emitido por el presidente Guillermo Lasso el pasado lunes 20 de junio, busca reducir los gastos del Estado. Según analistas, no trae nada nuevo, ya que recoge puntos textuales de normativas anteriores. Tampoco sería el momento político adecuado para suscribirlo, afirman.

La normativa busca racionalizar el pago de horas extras en el sector público; eliminar vacantes; revisar contratos ocasionales; regular compras de pasajes aéreos y celulares; prohibir la compra de autos de alta gama. Además, deroga el Decreto 135, suscrito el 1 de septiembre de 2017, en el Gobierno anterior, sobre temas similares.

Esta política de austeridad fue emitida en medio de la paralización liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, apoyada por movimientos sociales y que lleva 10 días activa.

Este Decreto ha contribuido a exacerbar los ánimos, por ejemplo en el Frente Popular, conformado por trabajadores, docentes, estudiantes, entre otros gremios. “Con este Decreto, el Gobierno busca despidos masivos en el sector público”, afirman.

El Ministerio de Finanzas defiende que son lineamientos para optimizar el gasto público y actualiza medidas de hace cinco años. La Cartera destaca que se incorporaron transparencia y anticorrupción, conforme a estándares internacionales, sin dar más detalles.

Para Gabriel Recalde, del Observatorio de la Política Laboral, este nuevo Decreto no hace cambios sustanciales para reducir gastos y contribuir al ahorro del Estado y muchos de sus artículos ya están incorporados y regulados por la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Por ejemplo, las evaluaciones del personal. “Esto representa una depuración y reducción de personal, pero estos mecanismos en la Ley hay de sobra”. Dice Recalde, solo falta la aplicación. Y agrega que no era el momento político adecuado para su emisión, ante la conmoción por las manifestaciones. “Las normas también tienen que ser oportunas”.

Además, señala que “estos cambios serán el 10% del presupuesto para gasto en salarios”. Según la Proforma 2022, el Estado destinará a salarios del sector público USD 9 094 millones, un tercio del Presupuesto General del Estado.

Además, hay que tomar en cuenta que el 58% del presupuesto de salarios es para Educación, Salud y Policía Nacional. Educación recibe USD 2 427 millones; Salud, USD 1 525 millones y la Policía, USD 1320 millones.

Cambios positivos de la norma

Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, el Decreto 457 copia el 135. “La normativa establecía plazos y eliminación de partidas”, dice. Sin embargo, rescata dos ar­tículos del Decreto. A su criterio, es positivo que se regule el pago de un bono por eficiencia, según el artículo 112 de la Losep. Está sujeto a estudios, validados por el Ministerio de Trabajo para justificarlo.

Esta remuneración adicional es cancelada cada seis meses a los jefes. Cada director recibía USD 6 000 por este bono dos veces al año, según la Losep, vigente desde 2010.Otro de los artículos positivos para García es la regulación al bono por arriendos que reciben servidores públicos que viven en  provincias distintas adonde trabajan.

Según la Ley, esos funcionarios tienen una ayuda de tres salarios básicos mensuales (USD 1 275) adicionales a sueldo. Ahora deberán presentar facturas de arriendo para recibirla.

Para Vanessa Velasco, abogada experta en temas laborales, la emisión del Decreto es desacertada por el momento político. “Busca generar ahorro; pero si tiene contradicciones frente a la Losep, puede tener demandas de inconstitucionalidad”, asevera.

Fuente: El Comercio

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