En el interior de la comisión ciudadana encargada de hacer el concurso público para la elección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado hubo una preocupación alrededor de la participación de la comisionada delegada de la Asamblea Nacional que está cesada, pues podría acarrear nulidades.
El presidente de la comisión ciudadana, Marco Chalco, solicitó en junio pasado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se aclare jurídicamente si la intervención de una de las comisionadas, Nary Galarza, delegada de la cesada Asamblea Nacional, podría recaer en nulidades afectando el proceso de designación del contralor, pues no es funcionaria de dicha institución que fue disuelta en mayo pasado.
Hubo un informe elaborado por el Departamento de Coordinación Jurídica para que el pleno del CPCCS lo trate, y en él se recomendó cesar a Galarza, pero el criterio legal había sido archivado.
El titular de la comisión, Marco Chalco, expresó en su oficio, dirigido al presidente del CPCCS, Alembert Vera, el interés de actuar apegados a las normas legales en el concurso público; pero, para evitar cualquier posibilidad de caer en nulidades, le solicitó que se elabore un informe jurídico que aclare la continuidad como miembro de la comisión de Nary Galarza Escobar.
El pedido de Chalco tuvo como respuesta un informe jurídico suscrito el 15 de septiembre, que había quedado archivado y, por tanto, no fue llevado para tratamiento del pleno del Consejo de Participación Ciudadana ni de la comisión ciudadana.
Fuente El Universo