El nuevo Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tiene dos meses y 11 días para enrumbar una de las instituciones más inestables del país, en los últimos cuatro años.
Hay ocho procesos de designación de autoridades en curso que difícilmente concluirán antes de que termine el periodo del actual Cpccs.
Entre esos procesos está el de Contralor que, según los cálculos de la misma Comisión a cargo, terminaría en mayo 2023. Esto sin contar con el retraso por una acción de protección interpuesta por uno de los postulantes.
Para el consejero Carlos Figueroa avanzar con los concursos de designación debe ser la prioridad del Pleno. Considera que se debe empezar por la reactivación de las Comisiones Ciudadanas.
A él le preocupa, sobre todo, los procesos para Contralor, renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de Defensor Público. Desde su perspectiva, en el Pleno ya se ha establecido una mayoría que, hasta el momento no agilita estos procesos.
En el caso de Contralor, por ejemplo, dice que lo único que se requiere es que el Pleno apruebe una resolución para que el concurso siga. Sin embargo, hasta el momento no se ha incluido en el orden del día de una sesión dicho tema.
La presidenta del organismo, Gina Aguilar, dice que cada proceso cumple con su normativa propia. En ese sentido, los tiempos se ajustan a dicha reglamentación. En una respuesta escrita enviada a diario El Comercio, no asegura si los nombramientos concluirán antes de que termine su periodo.
Reorganizar la entidad
Aguilar señala que entre sus prioridades está “poner en orden a la institución, organizar sus procesos, reforzar los equipos de trabajo y optimizar la gestión”.
También menciona que apoyará a las áreas que agregan valor en los temas relacionados con lucha anticorrupción y la rendición de cuentas que son las labores esenciales de la entidad.
Para las 20:00 del jueves 2 de marzo del 2023 estaba prevista una sesión extraordinaria del Pleno para conocer y resolver sobre la renuncia de funcionarios de varias áreas.
El orden del día incluía el nombramiento de un secretario general, secretario de Participación y Control Social y un secretario de Transparencia, entre otros.
Figueroa alertó sobre la salida de, al menos 70 funcionarios de la entidad. Eso, a su parecer, es uno de los problemas que enfrenta la institución porque no hay gente para conformar las comisiones técnicas de los concursos, ya que las integran personal de la misma entidad.
La inestabilidad de la entidad
El actual Cpccs ha tenido cinco presidentes. Fueron censurados y destituidos 13 miembros. Los último fueron los siete integrantes del organismo, con Hernán Ulloa a la cabeza.
Esa decisión la tomó la Corte Constitucional por el proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura ya que había una sentencia del mismo organismo que obligaba al Cpccs a actuar con celeridad.
Pese a eso, el Consejo ha superado un intento por eliminarlo y otro, mediante la Consulta Popular que impulsó el Gobierno, para limitarlo en su función de designar autoridades.
Para la exvicepresidenta del Cpccs y politóloga, Mónica Banegas, el actual Consejo ha dado luces de gobernabilidad, después de la inestabilidad del último Pleno. Cita como ejemplo el haber nombrado al titular de la Judicatura con siete votos a favor.
Sin embargo, cree que debería concentrarse en dejar toda la información lista para el siguiente Consejo. Esto sobre todo en lo que tiene que ver con los reglamentos para la designación de autoridades. Dice que esto no se puede cambiar porque ya hay Comisiones Ciudadanas conformadas.
La experta también menciona que una tarea urgente es que el Cpccs despache todas las denuncias sobre supuestos casos de corrupción que han llegado a la entidad.
Fuente: El Comercio