Para este martes 18 de abril está prevista la instalación de una audiencia pública para escuchar las posiciones de la sociedad civil y del Estado, previo a que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre el dictamen de constitucionalidad de la pregunta de la propuesta de consulta popular para permitir la explotación de petróleo en el bloque 43 del Yasuní ITT, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.
La jueza de la Corte Constitucional y ponente de la causa, Carmen Corral Ponce, convocó a las partes interesadas a exponer sus posturas en una diligencia que se desarrollará de forma telemática este martes desde las diez de la mañana.
Los proponentes de esta iniciativa, el colectivo YASunidos presentó el 14 de marzo pasado un escrito en la Corte en el que solicitaban sanciones en contra de la magistrada, alegando que se violaron sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y por discriminarlos al mantener un “retraso injustificado” en el tratamiento de la causa.
Ello porque la propuesta lleva diez años en espera de una respuesta del Estado y unos 200 días en trámite en la Corte Constitucional sin que haya un pronunciamiento.
Sin embargo, el pleno del máximo organismo de control constitucional, archivó la queja porque la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) no contemplan la imposición de llamados de atención a los jueces por la demora en la tramitación de una causa. “Los peticionarios no han invocado una norma que prevea la infracción y sanción que solicitan, este organismo considera que de aceptarse la solicitud presentada se contravendría el principio de legalidad en materia sancionatoria. En consecuencia, la solicitud resulta inadmisible”, concluyó la Corte e inadmitió y archivó el pedido.
La propuesta de consulta popular surgió en el 2014 y se recogieron más de 753.000 firmas de respaldo ciudadano para formular la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.
En ese entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) respondió que YASunidos no obtuvo el número requerido por la Constitución y el Código de la Democracia para llevar a cabo el proceso.
Pero, después de varios recursos legales interpuestos por la agrupación, en septiembre del 2022 el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó al CNE que otorgue el certificado de legitimidad democrática sobre la verificación de las firmas y lo remita a la Corte Constitucional para que expida su dictamen de constitucionalidad sobre la pregunta.
En ese contexto, los jueces resolverán si la consulta planteada cumple con los requisitos establecidos por la LOGJCC y de ser el caso, la remitirán al Consejo Nacional Electoral para que convoque a un elecciones; de lo contrario, rechazará la propuesta.
Además de la convocatoria a esta audiencia, la jueza Carmen Corral dio un término de tres días para que la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República; el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables; el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; el Ministerio de Economía y Finanzas; el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; Petroecuador; la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; y, las autoridades de los gobiernos municipales de los cantones Aguarico, Orellana y Pastaza, así como las prefecturas de Orellana y Pastaza, le remitan “información, reportes e insumos actualizados que en el ámbito de sus competencias tengan estricta correspondencia con la gestión técnica, jurídica, ambiental y financiera, respecto de la explotación hidrocarburífera del bloque 43 del Parque Nacional Yasuní (”PNY”), especialmente, en lo relacionado a la suscripción y duración de contratos de venta o preventa petrolera, endeudamiento público asociado a dichos contratos, vida útil de la declaratoria de interés nacional para explotación de los bloques 31 y 43 del PNY, cantidad de reservas de crudo, expectativas de extracción total de dichas reservas, periodo estimado de finalización de las actividades extractivas, impactos ambientales y sociales”.
Quienes participen en la diligencia de este martes tendrán un tiempo de 20 minutos para exponer sus argumentos a favor o en contra de la consulta popular; mientras que, las instituciones del Estado podrán hacerlo en un tiempo de diez minutos; habrá otros cinco minutos para las réplicas.
Fuente: El Universo