Corte Constitucional da la razón a Lasso en la reforma tributaria: proponer o eliminar impuestos solo le compete al presidente, no a la Asamblea

La Corte Constitucional aceptó el veto total del presidente Guillermo Lasso en contra de la decisión de la Asamblea Nacional de derogar la reforma tributaria contemplada en la Ley de Desarrollo Económico.

En una sentencia emitida el 25 de enero, pero que recién fue firmada por los jueces constitucionales este 1 de febrero, la Corte puntualiza dos cosas: solo el presidente puede crear o derogar leyes sobre impuestos; y la Asamblea, en su intento de derogar la reforma tributaria, violó la Constitución.

Tras un largo análisis, “la Corte concluye que el proyecto de ley (de derogatoria por parte de la Asamblea) violó la regla de trámite prevista en el artículo 135 de la Constitución”.

ASAMBLEA SOCAVA LA CONSTITUCIÓN, SEGÚN LA CORTE

“Al haber existido violación de una regla de trámite legislativo y, al existir un socavamiento al principio constitucional que atribuye la rectoría de impuestos, la política fiscal y las finanzas públicas a la Función Ejecutiva, se debe concluir que existe un vicio de inconstitucionalidad“, avanza la sentencia.

Por lo tanto, dice la Corte, procede declarar la objeción total por razones de inconstitucionalidad formal del Proyecto de Ley Derogatoria a la Ley Orgánica de Desarrollo Económico.

Y ordena a la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley derogatoria.

Lasso ya había calificado como “irresponsable e inconstitucional” la pretendida derogatoria por parte de la Asamblea Nacional y argumentaba que, según la Constitución, solo al Presidente de la República le corresponde presentar iniciativas de ley encaminadas a modificar, crear o suprimir impuestos.

La Corte Constitucional le ha dado la razón y la reforma tributaria que impulsó Lasso y que entró por el Ministerio de la Ley, ya que la Asamblea no se pronunció en el plazo que tenía, sigue en firme.

Según el mandatario, esta ley que permite una recaudación estimada de 946 millones de dólares anuales, y el querer derogarla significaba atentar contra la estabilidad económica y sostenibilidad fiscal, ya que esos recursos se destinarán a salud, educación y otras prestaciones sociales.

Fuente Ecuavisa

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