Corte Constitucional advierte que el Gobierno no tiene una política pública frente a los centros de privación de libertad

La Corte Constitucional (CC), a través del secretario técnico jurisdiccional, Daniel Gallegos Herrera, informó a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional el alcance de la fase de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes emitidos a los estados de excepción de 2019 y 2020 declarados por el Ejecutivo a los centros de privación de libertad.

Ante la Comisión también fueron convocados el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, pero se excusaron de comparecer. Los legisladores insistirán en la presencia de los funcionarios para la próxima semana.

Tras la exposición de Gallegos, solo hubo una pregunta del lado de los legisladores y estuvo relacionada con los plazos.

Según el funcionario, la disposición al presidente de la República es que de manera inmediata convoque al directorio del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para que elabore una política pública sobre el sistema carcelario tomando como base el plan de acción presentado por el SNAI. También los 30 días que tiene el Ejecutivo para informar del avance de las medidas que deberán adoptarse en las cárceles.

El otro plazo del que habló Gallegos fueron los tres meses que tendría el Gobierno para presentar la política pública que se aplicará en los centros de rehabilitación social del país.

Según explicó el funcionario, la CC es competente para hacer un seguimiento como parte de los procesos constitucionales para hacer efectiva su decisión, y aclaró que para iniciar esa fase no es necesario determinar un incumplimiento.

La Corte está limitada por el efecto y el alcance de la resolución; por lo tanto, aclaró Gallegos, no está facultada ni para declarar violaciones específicas de derechos concretos ni para ordenar reparación de daños por vulneraciones, tampoco puede a riesgo de invadir la esfera de competencia del Ejecutivo detallar con precisión qué medidas extraordinarias se deben adoptar para superar las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción.

Respecto a los dictámenes sobre la declaratoria del estado de excepción en el sistema de rehabilitación social, declarada por el presidente de la República en el 2019 y 2020, los establecieron algunos criterios por considerar, explicó el secretario técnico jurisdiccional a los legisladores.

Que si bien la crisis carcelaria es aguda, la CC constató que las causas no responden a una cuestión inesperada, sino que es una crisis que se va cociendo lentamente; que existen causas estructurales por las cuales la crisis carcelaria se va agudizando y que lo advirtió desde el primer estado de excepción.

Estas causas estructurales tienen que ver con el hacinamiento carcelario, la priorización de la privación de libertad como medida cautelar y falta de condiciones mínimas de vitalidad en los centros, así como denuncias de corrupción respecto de las personas que trabajan en estos centros.

En el Dictamen 420 EE se determinó que los estados de excepción no sirven para controlar la crisis carcelaria, sino que son mecanismos extraordinarios que de manera urgente permiten enfrentar una cuestión que es intempestiva.

Igualmente, explicó que la Corte ha señalado que este problema no se va a resolver en 90 días, por lo tanto, ordenó al presidente de la República emitir un plan de acción a mediano y largo plazo para enfrentar la crisis mediante un régimen constitucional ordinario.

Ante todos los hechos y después de haber recibido tanto el plan como el informe y frente a los sucesos registrados el 23 y 24 de febrero de 2021, la CC resolvió iniciar el 3 de marzo pasado la fase de seguimiento del dictamen.

En el auto de inicio de la fase de seguimiento constató que la tragedia causó una gran alarma social y que esos hechos podrían haberse evitado, que son producto de las fallas estructurales que presenta el sistema de rehabilitación social.

Reveló que la Presidencia de la República remitió un plan de acción elaborado por el SNAI, en este plan de acción lo que constató la CC es que primero no era una disposición dirigida al SNAI, sino al presidente de la República, y que devela los problemas estructurales.

Además dijo que uno de los problemas identificados fue la débil institucionalidad del sistema de rehabilitación social; y que con la creación del SNAI, la institucionalidad se fue debilitando, pues tenían que pasar algunos procesos, y lo que se evidenció es que no existen las condiciones mínimas para que el SNAI funcione, no existen documentos técnicos, por ejemplo, el manual de puestos, el orgánico de procesos.

Destacó que el sistema de rehabilitación no tiene por cabeza al SNAI, pues es un órgano ejecutor; por lo tanto, el organismo técnico de rehabilitación social es el que debe diseñar y establecer las políticas públicas, y que se ha evidenciado que no hay reportes si ese directorio se ha reunido.

Gallegos manifestó que en el plan de acción el SNAI reconoce que salvo ciertas menciones sobre el tema seguridad, el sistema de rehabilitación no tiene una política pública propia; y que lo presentado por el Ejecutivo no puede ser considerado una política pública, tomando en cuenta que la política pública se caracteriza por ser una decisión de la autoridad competente, y en este caso el SNAI no es el órgano técnico del sistema de rehabilitación social.

Aclaró que la Corte no tiene facultades para aprobar un plan ni convertirlo en política pública, pero por un principio básico de separación de poderes, lo único que puede hacer es controlar que se cumpla su dictamen y es el Ejecutivo quien debe comenzar a hacer ese diseño.

Ante los asambleístas de la Comisión de Derechos Colectivos, el funcionario informó que la CC ordenó al órgano técnico que se reúna de manera inmediata y permanente para que empiece con el diseño de la política pública y que lo apruebe a la brevedad posible.

Que esa política pública tiene que tener enfoque de derechos, participativa y además tiene que ser una implementación multiagencial, porque una crisis como la presentada en las cárceles no puede ser enfrentada únicamente por los órganos de la Función Ejecutiva; que la Función Judicial y Función Legislativa son las llamadas a considerar cuál es su rol en el manejo de esta crisis y las soluciones a los problemas estructurales que enfrenta.

Respecto a las facilidades necesarias para que la Defensoría del Pueblo haga su labor, la CC constató que en general se le había dejado ingresar a los centros de rehabilitación social; sin embargo, en uno de ellos no hubo acceso, por lo que dispuso al SNAI, que investigue y se determinen sanciones, porque no es admisible impedir u obstaculizar la realización de las visitas a los centros de rehabilitación social por parte de ninguna autoridad.

Indicó que la CC demandó a las autoridades de todas las funciones del Estado la realización de una exhaustiva investigación dentro de los hechos conocidos y registrados en los centros de rehabilitación y que se conduzca a la determinación de responsabilidades civiles, penales, administrativas e incluso políticas por los actos y omisiones que hayan ocasionado los hechos. (I)

Fuente: El Universo

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