Tras la aplicación de la figura de la disolución de la Asamblea Nacional, también conocida como muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso puede gobernar a través de la expedición de decretos-leyes de urgencia económica, previo el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).
El 17 y 23 de mayo pasados, el mandatario envió dos decretos con carácter de económico urgente a la CC para encaminar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar y la Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo.
El primer caso, cuyo texto implica una reforma tributaria, se abordó en una audiencia pública en la que el juez constitucional escuchó a las partes interesadas, como parte del análisis previo a un dictamen, el 6 de junio pasado. Desde el 17 de mayo, más de 20 escritos ha recibido la Corte, entre posturas, alegatos y pedidos.
Por ejemplo, el 8 de junio la plataforma Va por ti, le pidió al presidente de la Corte, Alí Lozada, que le facilite el informe con el que el Ejecutivo justifica “las razones de la urgencia económica del decreto relacionado con la reforma tributaria.
El segundo caso, relacionado con el decreto de fomento de inversiones, se trató en una audiencia que se tenía previsto que se realice el 8 de junio anterior. Más de 15 escritos ha receptado la Corte. Ese día, Merlyn Casanova, vocera de exportadores de cacao, presentó un oficio para ratificar la participación de su abogado en la audiencia.
Hasta la tarde de este sábado 10 de junio seguía pendiente la resolución del organismo constitucional sobre los decretos presidenciales.