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Corrupción, empleo y COVID-19 son temas comunes en los planes de gobierno de los quince binomios presidenciales

Setecientas cuarenta y cinco páginas recogen los planes de gobierno de los quince candidatos presidenciales que siguen aún en la carrera hacia Carondelet y que fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como requisito indispensable para su inscripción, según lo determina el artículo 97 del Código de la Democracia.

Unos se explayaron en sus textos: los más largos son los de la Izquierda Democrática (ID), que tiene 116 páginas, y el de Avanza, con 89. En cambio para otros, como Fuerza Ecuador (FE) o Sociedad Patriótica (SP), fueron suficientes 7 y 15 páginas, respectivamente.

Asimismo, cada dupla redactó sus propuestas con su propio estilo. Como la de Pachakutik, que la denominó ‘Minka por la Vida’ y se basa en los cuatro elementos de la ‘Chakana cósmica’: Samay (Aire), Allpa (Madre Tierra), Nina (Fuego) y Yaku (Agua); o la de la alianza Unidos por la Esperanza (UNES), que se divide en once “justicias”, emulando a las “revoluciones” que presentó Rafael Correa en sus campañas electorales; o la de Unión Ecuatoriana, cuyas 26 primeras páginas (de 36) describen la situación actual del país a base de la información de Wikipedia sobre la hidrografía, la orografía y los pisos climáticos.

Los planes de gobierno tienen muchos temas en común, desarrollados en mayor o menor medida; pero son al menos tres los que todos los aspirantes consideran como más importantes en la actual coyuntura nacional: el combate a la corrupción, la generación de empleo y el fortalecimiento de los servicios de salud en tiempos de la pandemia del COVID-19.

Andrés Arauz (UNES) propone, en el primer tema, una “limpieza profunda el Estado, sanear las prácticas políticas y extirpar los pactos oligárquicos de la esfera pública”, así como transparentar la contratación pública y garantizar la independencia de la justicia; y en el segundo, “detener la flexibilización laboral del periodo morenista”, promover la inserción laboral de los jóvenes, a quienes se les otorgarán créditos para emprender y becas de estudios.

Respecto al COVID-19, si bien lo menciona a lo largo del texto, no detalla políticas públicas específicas. Sí habla, por ejemplo, de no efectuar recortes presupuestarios a la salud e incorporar a las unidades de salud privadas como prestadores de servicios médicos a través del Estado bajo un sistema único.

Lucio Gutiérrez (SP) habla de una consulta popular que incluya cadena perpetua para quienes roben dineros públicos, y un sistema de investigación y judicialización expedito para que en máximo tres meses sea sentenciado y se recupere lo robado. Además, crear una Ley de Judicialización de Bienes y cruzar información bancaria de funcionarios públicos y testaferros con sus declaraciones de impuesto a la renta y si no concilian ni justifican se incautará el bien.

Para el empleo, entre sus propuestas es impulsar los emprendimientos y «volver a la Ley del Trabajo por Horas, orientado a dar trabajo al 80% que no tienen empleo o están subempleados». Y en salud ofrece proveer las vacunas del COVID-19 y para ello realizar acercamientos con los países y laboratorios que trabajan en ellas.

En el tema de transparencia, Gerson Almeida (Ecuatoriano Unido) plantea agilidad procesal e independencia en los casos de corrupción, facilitar a la justicia toda información para evitar la impunidad. Y apertura total a los mecanismos de control social.

Fomentar los encadenamientos productivos -redes de negocios entre grandes empresas, medianas y pequeñas- es parte de su eje para generar empleo, además de créditos para emprendedores.

Y en salud, mejorar la relación de camas hospitalarias/población y médicos/población. Los gobiernos seccionales podrán definir políticas locales, sistemas locales de información y establecer mapas de riesgo en coordinación con el Ministerio de Salud.

Isidro Romero (Avanza) habla de impulsar reformas para fortalecer la democracia abierta y transparente, rechazar cualquier petición de indulto para condenados en casos de corrupción y la contratación de firmas internacionales especializadas en investigaciones de corrupción y recuperación de dinero. Sobre el empleo, dice que el apoyo al emprendimiento debe ser uno de los puntales del desarrollo económico del país, que es necesario fomentar la formalización de las pymes y las microempresas y que apuntará a usar la tecnología para ampliar las posibilidades que da el teletrabajo.

En el caso de la salud propone el incremento progresivo de su presupuesto, la creación del Plan Nacional Médico de Familia y la transparencia en los procesos de compras de medicinas.

La cadena perpetua para los corruptos es lo que plantea Carlos Sagnay de la Bastida (FE) para dicho tema.

En empleo, una ‘Red de Solidaridad contra el Desempleo y la Pobreza’; se trata de un fondo al que aportarán empresarios y empresas nacionales y extranjeras, que se usará para capacitación; aparte se darán incentivos tributarios y se bajarán las tasas de interés para favorecer a las empresas que den trabajo. Y para la salud, incrementar el presupuesto.

Xavier Hervas (ID) promete “cero tolerancia a la corrupción”, que espera lograr fiscalizando rigurosamente la obra pública, adoptando sistemas de investigación ágiles y oportunas con participación ciudadana, y generando mecanismos de protección para servidores y funcionarios que denuncien actos de corrupción.

Y habla de implementar nuevas formas de trabajo: teletrabajo, obra cierta, trabajos por horas o estacionales… Además de mejorar el sistema de liquidaciones y crear una red de promoción de emprendimientos. En cuanto a la salud, crear un Fondo de Reserva Nacional para la Salud con el excedente de los impuestos petroleros que se usará en casos de emergencia sanitaria; y fijar fondos específicos para adquirir pruebas y vacunas para el COVID-19.

Recuperar el dinero robado, fortalecer la Función Judicial y avanzar a un sistema de contratación pública con estándares internacionales plantea Pedro Freile (Amigo) en la lucha contra la corrupción.

Para generar empleo, menciona un “sistema de contratación laboral por excelencia como un sistema de contratación paralelo al régimen de contratación individual bajo dependencia”. Y en la salud, despolitizar el sector y un Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

César Montúfar (Concertación-Socialistas) plantea una política anticorrupción con tres aspectos: reforma del sistema legal, para, por ejemplo, poner una sanción de 40 años sin posibilidad de reducción de pena a quienes sean declarados culpables de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión. Los otros dos ejes son la persecución judicial a los responsables y la reparación integral de los recursos. Además de la creación de la Comisión de Extinción de Dominio y Lucha contra la Impunidad.

Para generar empleo apuesta a crear condiciones para el desarrollo productivo, la inversión y el emprendimiento, y un programa específico Trabajemos Ecuador, que es un proyecto empresarial en asociación con el gobierno para emplear mano de obra intensiva en corto plazo, contactando multinacionales que compren un producto de forma masiva.

Tiene plan para la repotenciación hospitalaria y un programa para adquirir, distribución y vacunación masiva contra el COVID-19.

En su ‘Minka por la Vida’, Yaku Pérez (PK) dice que recuperará el dinero robado y que planteará reformas al Código Orgánico Integral Penal y la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.

Para el aspirante, es necesario reorganizar la economía partiendo de la salud y la educación; de ahí que vea a las políticas de empleo como una forma de garantizar el acceso a ellos.

En cuanto a empleo, plantea reducir las horas de trabajo (pero no los sueldos) para contratar más trabajadores y producir más, así como crear una “renta básica universal” financiada por quienes tienen y ganan más, y que se podría pagar con dinero electrónico.

“Las nuevas inversiones se subordinarán a la salud como norma para su ejecución y si la transgreden no se realizarán”, dice Pérez sobre ese tema.

Giovanny Andrade (Unión Ecuatoriana) enviará a la Asamblea un proyecto de Ley de Transparencia y Confiabilidad Ciudadana que contemplará la extinción de dominio de bienes producto de la corrupción.

Sobre el empleo habla de reformas laborales y tributarias para que las empresas generen empleo; inclusión laboral para los jóvenes de 18 a 30 años mientras estudian; y la revisión del decreto 813 por la cual se desvincularon a servidores públicos entre el 2007 y el 2012.

Y en salud, obtener recursos no reembolsables para construir hospitales.

Gustavo Larrea (Democracia Sí) plantea procesar con jurados públicos los casos en los que se persigan delitos por el manejo o usurpación de dineros de la sociedad; una política de cero tolerancia con un sistema nacional anticorrupción e impunidad, protocolos de control de contratación pública, garantizando alternabilidad de autoridades políticas, libertad de opinión y de información.

Apunta a una economía sustentada en la producción, productos ecológicos, turismo, construcción. «Para el año 2030 el pleno empleo involucrará al menos a tres cuartas partes de la población económicamente activa. Se habrá puesto en marcha el empleo territorial, en el cual los gobiernos autónomos descentralizados será un eje articulador».

Y en salud, una preventiva a través del médico del barrio.

En contra de la corrupción Guillermo Lasso (CREO-PSC) propone reformas legales para desmantelar los actuales procesos de «ventas de facilidades», «actividades de lobby» y «tratos preferenciales», y ejecutar de la extinción de dominio.

Ofrece generar al menos un millón de empleos productivos mediante la creación de modalidades de contratación en especial para jóvenes y mujeres. Un sistema de salud eficiente y universal, zonas francas de salud y ampliación del cuadro básico de medicamentos están entre sus propuestas en este campo.

En cuanto al primer tema, Guillermo Celi (SUMA) propone implementar un modelo de gobierno responsable, impulsar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y control de la transparencia de las instituciones.

En el segundo, habla de fomentar el emprendimiento, modernizar la legislación laboral, crear un Programa de Primer Empleo que sea “efectivo” y fijar la masa salarial con base en los índices de inflación y la productividad para garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores.

Y respecto al tercero, proveer el debido financiamiento para que funcione eficientemente.

Las propuestas de Juan Fernando Velasco (Construye) para la lucha contra la corrupción son implementar un Sistema Nacional Anticorrupción con un carácter público y autónomo; acceso universal a la información pública y la definición de una estrategia para generar presupuestos participativos.

Para el empleo, garantizar que los trabajadores tengan los beneficios y derechos establecidos en las leyes, diversificar la estructura productiva del país para contrarrestar el “desempleo estacional” y capacitar a quienes necesitan un primer empleo o entrar a un nuevo campo laboral. Y para la salud, apoyar la investigación para lograr soluciones a enfermedades endémicas como dengue y paludismo, y nuevas amenazas como el COVID-19, así como crear programas de medicina preventiva e incrementar la ayuda social a los sectores más afectados por el virus.

El plan de Ximena Peña (Alianza PAIS) indica que el Estado debe impulsar un gobierno abierto, y reformar «el sistema de compras públicas para reducir los espacios de arbitrariedad o discrecionalidad y mejorar la transparencia y fiscalización».

Otro punto trata de ayudas directas para el pago de nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el compromiso de no despedir empleados y mantener salarios. Y favorecer la protección del empleo de jóvenes de 18 a 29 años y mujeres.

Su propuesta considera la vacuna para el COVID-19 como un bien público global, y ofrece buscar acuerdos y cooperación internacional para lograr la vacunación gratuita para la población ecuatoriana. (I)

Fuente: El Universo

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