En la organización de los concursos públicos para la elección de autoridades, dos comisiones ciudadanas se preparan para emitir sus informes de admisibilidad de los candidatos que aspiran a ser titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública.
La comisión ciudadana que se encarga de realizar el concurso para elegir al nuevo defensor público prevé sesionar este viernes para aprobar el informe de admisibilidad de los 54 aspirantes inscritos.
Los reglamentos para la elección de estas autoridades dan un término de ocho días para que se realice esta fase, en la que los comisionados deben verificar que los concursantes cumplan con ser ecuatorianos, que estén en goce de los derechos políticos, tengan certificaciones de sus títulos universitarios, certificados de su desempeño en el sector público, certificados laborales y la declaración juramentada.
Además, para el caso de la Defensoría, constatar que los postulantes hayan ejercido diez años la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas.
Aquellos que no sean admitidos podrán solicitar la reconsideración de la revisión de sus documentos. En tanto, aquellos que sean admitidos pasarán a la fase de calificación de sus méritos.
En el caso de la comisión ciudadana para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el concurso avanza con lentitud, pues aún no aprueba el texto con la convocatoria para que la ciudadanía se inscriba pese a que llevan más de un mes en funciones. En una última sesión discutieron un proyecto de plan de trabajo.
La comisión ciudadana que más sesiones tiene es la que trabaja en la selección del defensor público, suma 35, y al iniciar su actividad se reunían para opinar sobre la normativa y para tomar resoluciones. Esto, frente a las siete sesiones a las que han convocado las otras dos comisiones.
Adicionalmente, los miembros de esa comisión ciudadana recibieron un “jalón de orejas” de los veedores ciudadanos, quienes los exhortaron a mantenerse “unidos” frente a supuestas divergencias internas.
El impase entre los cinco comisionados de la ciudadanía y los cinco delegados de las funciones del Estado se originó por la actuación del presidente de la comisión, William Falconí, quien convocó a una sesión el sábado 3 de diciembre para resolver sobre la aprobación de actas que contenían errores y escuchar a un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del Departamento de Tecnología respecto del uso de un formulario.
El reglamento para el funcionamiento de las comisiones señala en su artículo 41 que las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros y el quorum se establece con la mayoría absoluta de sus miembros.
Pese a ello, la sesión virtual se hizo sin quorum, pues los cinco comisionados delegados por las funciones del Estado no se conectaron a la plataforma Zoom.
Falconí aseguró que la comisionada Isabel Noboa (delegada de la Función Ejecutiva) sí se había conectado y por eso instalaba la sesión, aunque ella se desconectó antes de que se constatara su presencia. La llamaron por teléfono, pero no contestó y comunicó que estaba en un lugar de débil conectividad.
Así, en un inusual procedimiento parlamentario y con la presencia de cinco comisionados de la ciudadanía, Falconí siguió con la plenaria y como no tenía los votos para aprobar el orden del día usó su voto dirimente.
El martes pasado, en una nueva plenaria de la comisión, los veedores ciudadanos pidieron intervenir (aunque el reglamento que norma su actuación no permite que intervengan) y les ‘jalaron las orejas’ por no dar quorum.
Jéssica Rojas, vicepresidenta de la comisión, aclaró a los veedores que los cinco comisionados de las funciones del Estado no participaron de la sesión porque no se consideraba pertinente.
Incluso, Rojas había hecho una llamada a Falconí comentándole que no iban a asistir porque no era “pertinente”, ya que había empezado la revisión de las carpetas de los 54 postulantes al concurso público. Pero el presidente persistió.
Esto ocurre en un contexto en el que los comisionados ciudadanos perciben dietas del 3,3 % del salario de un consejero del CPCCS, por el trabajo diario, cuya prueba son las convocatorias a las sesiones y las actas respectivas.
Por ello, el Consejo de Participación Ciudadana contempló que si los comisionados sesionan 22 días hábiles, percibirían al mes $ 3.482 incluido el IVA; y, si sesionan los 30 días del mes, serán $ 4.780 incluido el IVA.
Para pagar estas dietas se tomó en cuenta que, si los consejeros perciben un salario equivalente a $ 4.282 mensuales, el 3,3 % equivale a $ 141,34 más el IVA, por lo que suman $ 158,30 diarios.
Dentro del Consejo se estimó un presupuesto de $ 300.000 para estos pagos por unos tres meses. (I)
Fuente El Universo