Con la propuesta de enmienda a la Constitución de la pregunta 6 se busca modificar el mecanismo para seleccionar a las principales autoridades de control del Estado, pero también cambiar la forma de conformar el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que sea la Fiscalía General la “autoridad nominadora” de los siete consejeros.
Han transcurrido 20 días en los que la iniciativa de referéndum de ocho preguntas para enmendar la carta política que planteó el presidente de la República, Guillermo Lasso, está en manos de los jueces de la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen previo de constitucionalidad, tanto en la definición de la vía que se requiere para efectuarla como en la revisión de que los considerandos y anexos no alteren derechos y garantías.
Hasta el despacho de la jueza ponente de la CC, Alejandra Cárdenas, han llegado, varios amicus curiae que exponen reparos a la propuesta presidencial; entre estos están los de asambleístas de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) y de militantes del movimiento Revolución Ciudadana, como el exlegislador Fausto Jarrín y el parlamentario andino Virgilio Hernández, abogados en libre ejercicio y profesionales.
Fuente el Universo