La información de los procesos, la eliminación de los procedimientos de contratación directa y de la lista corta en consultoría, el catastro de estudios, la oferta temeraria, entre otros temas, fueron analizados por representantes de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Colegio de Profesionales en Contratación Pública, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, en la Comisión de Desarrollo Económico.
El abogado Néstor Toro-Hinostroza, delegado del Contralor General del Estado, propuso modificaciones al proyecto de ley para que la información de los procesos de contratación sea pública en todas sus fases, excepto aquella que sea reservada por ley. Desde esta entidad se plantearon varias observaciones, entre ellas algunas relacionadas con el financiamiento de la institución de control.
En representación de la Procuraduría General del Estado, la abogada Vanessa del Pozo valoró el contenido de la propuesta legal del Ejecutivo, que incluye reformas sustanciales orientadas a la simplificación de los procesos y a la modernización del sistema de contratación pública.
La delegada revisó cada uno de los artículos propuestos, sugiriendo la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas, así como precisiones respecto a la terminación de los contratos, entre otros aspectos.
Por su parte, el director nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, Roger Tumalli, recomendó analizar el artículo referente al alcance del control, especialmente en lo relacionado con la preferencia y valoración de proveedores que denuncien actos de corrupción.
En otro tema, con el objetivo de optimizar recursos públicos, propuso la creación del Catastro Nacional de Estudios Técnicos Referenciales. Asimismo, planteó la inclusión de un artículo sobre la “oferta temeraria”, como mecanismo para combatir al crimen organizado que intente utilizar estos procesos para el lavado de activos.
También compareció la presidenta del Colegio de Profesionales en Contratación Pública, Lorena Flores, quien respaldó el proyecto de ley al considerar que propone la simplificación de los procesos de contratación, una necesidad identificada desde hace varios años. Esta posición fue compartida por el fundador del gremio, César Camino, quien, además, señaló que la complejidad persiste en el régimen especial y los procedimientos especiales. De los 33 procesos existentes, aún quedarían vigentes 27.
Tras las exposiciones de los invitados, los legisladores solicitaron una ampliación de la explicación sobre los criterios que prevalecerán para la adjudicación de contratos, la conformación de consorcios, el desarrollo local, la capacidad regulatoria del SERCOP, la expedición de la normativa secundaria, la participación de actores de la economía popular y solidaria, entre otros aspectos relacionados con la normativa.
Fuente: Asamblea Nacional
