Política

Contraloría determinó destitución, glosas, sanciones administrativas e Indicios de Responsabilidad Penal para Rector de la Universidad Técnica de Manabí

La Contraloría General del Estado (CGE), en cumplimiento de las disposiciones legales, notificó al señor Vicente Félix Véliz Briones su destitución del cargo de Rector de la Universidad Técnica de Manabí.

La sanción se estableció como resultado del informe DPM-0013-2019, aprobado el 28 de marzo de 2019, en el que se examinaron los procesos de contratación de obras bajo procedimientos de régimen común y de emergencia; procedimiento especial de compra de bienes inmuebles; y, análisis de denuncias, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2018.

Además, el 19 de julio del año pasado se remitió a la Fiscalía, un informe con indicios de responsabilidad penal, el cual, se encuentra en indagación previa.

El equipo de auditoría identificó que el Rector adjudicó seis contratos por emergencia para la construcción y reconstrucción de edificios, a través de notificación directa de la adjudicación de los contratos, sin verificar
que los contratistas cumplieran con los requisitos mínimos para ejecutar los trabajos que requería la institución educativa.

Tampoco se garantizó que los contratistas contaran con el personal y equipos necesarios para la ejecución de obras para la reconstrucción de edificios de varias sedes de la Universidad y la construcción de aulas y
oficinas de tres facultades.

Los auditores constataron que no se cumplieron todas las obras de reforzamiento estructural durante la reconstrucción de los edificios de la Universidad, tal es el caso del edificio de Bienestar Estudiantil, donde
solamente fueron construidas tres de las siete pantallas de hormigón armado detalladas en los planos.
Se comprobó que el Rector, omitiendo los procedimientos legales del Sistema Nacional de Contratación Pública, no justificó la necesidad de adquirir tres bienes inmuebles ubicados en Quito, cuya finalidad debió ser
dar apoyo a las operaciones administrativas y organizativas de la modalidad a distancia, como tampoco verificó que las condiciones de estos espacios físicos fueran las adecuadas para tal efecto.

Por esta adquisición, que no estuvo prevista en el plan anual de contrataciones de la universidad, se pagó USD 486.900,00, sin que estos espacios cumplan su propósito.

Sobre la entrega de becas, el examen de Contraloría determinó que el Rector no efectuó los controles necesarios para asegurar que estos recursos se destinen al desarrollo de las tesis de los estudiantes, como se
había planificado, sino que el valor injustificado de USD 84.980,00 fuera depositado en una cuenta particular de un proveedor, quien debía entregar materiales para las tesis de los estudiantes, sin que esto sucediera.

Entre los años 2015 y 2018 se realizaron tres acciones de control adicionales a la mencionada, que se enfocaron en la administración, control y uso de bienes de larga duración, procesos de contratación y fiscalización de obras donde, debido a las irregularidades evidenciadas en los respectivos informes, la Contraloría determinó responsabilidades civiles por USD 3’750.326,32 y sanciones administrativas por USD 13.834.00.

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