El organismo de control emitió dos resoluciones confirmando responsabilidades civiles por USD 4’754.386, para personal de Petroecuador que trabajó en la petrolera desde 2016 hasta 2021 y para la compañía contratada para cambiar el recubrimiento de la tubería del Sote.
Durante el examen especial -aprobado en diciembre de 2021-, auditoría identificó una diferencia no justificada del 290 % entre los precios que constan en la declaración aduanera de importación de cintas de recubrimiento y pegamento adhesivo, y los costos de los suministros que la contratista ofertó a Petroecuador. Esto ocasionó un perjuicio al Estado por USD 4’606.492, monto por el cual se emitió la responsabilidad civil.
Las anomalías ocurrieron debido a que, durante la ejecución del contrato, Petroecuador aprobó que la contratista utilice insumos más baratos, de marca y procedencia distintas a las establecidas en las especificaciones técnicas.
Además, al elaborar el presupuesto referencial del proceso de régimen especial, no se respaldó documentalmente la metodología empleada para el cálculo de los precios de los materiales y en los términos de referencia no se precisaron las características técnicas de los insumos.
La segunda glosa, por USD 147.893, se confirmó por pagos injustificados. La responsabilidad civil corresponde a la diferencia entre los desembolsos realizados por Petroecuador y los precios que el contratista pagó a sus proveedores por los rubros limpieza de tubería y cama de arena.
Esto ocurrió porque, previo a la aprobación de planillas, los fiscalizadores y administradores del contrato no verificaron las cantidades efectivamente ejecutadas de esos trabajos.
Las responsabilidades civiles solidarias se determinaron en contra de los administradores del contrato, fiscalizadores, miembros de la comisión técnica que recomendó la adjudicación y la empresa contratista.
Recurso de revisión
En concordancia con la normativa vigente, las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado, o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Fuente: Contraloría General del Estado