Un examen especial de la Contraloría General del Estado determinó responsabilidades civiles culposas por el retraso en la entrega de 57 unidades educativas tipo Milenio (prefabricadas) en contra de una constructora china. Así lo informó el ente de control este viernes 29 de abril de 2022.
El organismo ratificó una glosa de más de USD 24,6 millones en contra de la empresa China Railway No 9 Engineering Group Co. Ltda., que en agosto de 2015 firmó un contrato con el Ministerio de Educación para la adquisición de 200 unidades educativas provisionales tipo Milenio.
La demora se debió a que la contratista no subsanó observaciones sobre modificaciones en planos, diseños e incumplimiento de especificaciones técnicas, aplazando el inicio de la puesta en funcionamiento de las infraestructuras.
Según la Contraloría, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, el Ministerio de Educación cedió a la compañía china 57 terrenos para la instalación de las unidades educativas, pero ninguna fue entregada en el tiempo programado. Los atrasos se contabilizaron desde las fechas de las actas de entrega de los predios.
La resolución que confirma la responsabilidad civil señala que, luego de analizar el informe del examen especial y de valorar las pruebas y descargos entregados por la contratista, se estableció la glosa por el perjuicio económico producido al Estado, derivado del incumplimiento del cronograma contractual para la entrega de las unidades educativas.
Tres exministros de Educación en la mira
El ente de control dijo que analiza responsabilidades administrativas en contra de tres exministros de Educación que actuaron durante el periodo examinado, por el posible incumplimiento de sus funciones en la ejecución de este contrato.
China Railway No 9 Engineering Group Co. Ltda. entregó 176 días tarde las certificaciones del cumplimiento de procesos, procedimientos y prevención de la contaminación para el ensamblaje, instalación y puesta en funcionamiento de las unidades educativas.
Además, demoró otros 164 días en presentar las especificaciones técnicas de los materiales e insumos que forman parte de los bienes instalados y, hasta el cierre de la acción de control (19 de octubre de 2018), no remitió las facturas de esos elementos.
Contraloría dice que tampoco presentó las pólizas de seguros, ocasionando que el montaje, equipo, maquinaria y transporte no estén cubiertos contra todo riesgo y que el personal no disponga de seguro para riesgos no cubiertos por el IESS.
Estas irregularidades originaron multas no pagadas por más de USD 5,4 millones que corresponden al monto de la segunda responsabilidad civil confirmada por la Contraloría.
Fuente: El Comercio