Para el funcionamiento de las veedurías ciudadanas, la nueva administración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prepara reformas al Reglamento General, entre las que se propone fijar un nuevo requisito para ser veedor y mecanismos para aprobar sus informes finales.
El pleno del CPCCS fue convocado el jueves 3 de agosto a la discusión de un proyecto borrador de unos doce artículos reformatorios al Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, pero no hubo quorum. Según se conoció, hay observaciones de los consejeros al texto propuesto el área jurídica.
La normativa actual considera a las veedurías como “mecanismos de control social que permiten a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de participación para realizar el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, con el fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público”.
Según información oficial, al 2022, el CPCCS registraba 75 veedurías ciudadanas integradas y, en el 2023, están operativas 43.
Entre los principales cambios al articulado, se plantean capacitaciones al “menos una mensual” en temas de fiscalización y auditoría de la gestión pública a los ciudadanos que deseen acreditarse como veedores.
La norma vigente da la potestad al organismo de dar capacitaciones, asesorías técnicas, apoyo logístico y socialización con expertos en cada área, para que sus informes finales sean transmitidos a la ciudadanía con sus conclusiones y recomendaciones sobre un área vigilada.
Para el futuro se sugiere que aquellas personas que quieran ser veedores sigan un curso de capacitación presencial o virtual sobre auditoría y gestión pública. Luego deberían rendir un examen final de aprobación que sería presencial en Quito o en las delegaciones provinciales.
Cumplida esta fase, recibirían un certificado de aprobación con una vigencia de tres años, lo que los habilitará a participar en cualquier veeduría que convoque el CPCCS.
Los requisitos actuales para ser parte de estos cuerpos son, por ejemplo, que una persona sea ecuatoriana; si son personas jurídicas u organizaciones de hecho, deben estar reconocidas en las instituciones correspondientes y contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad civil.
A estos, se agregaría el cumplimiento del curso de gestión pública, fiscalización o auditoría, que abarcará temas de contratación pública, según la propuesta.
Para adecuar estas nuevas modalidades, se harían reuniones bimensuales con un “abogado o experto” en el área que está en fiscalización para estar al tanto de los avances en la investigación ciudadana.
Estos “expertos” ayudarían a elaborar el informe final de los veedores que incluya “indicios probatorios” que hayan sido observados en el proceso.
Si los veedores no asisten a estas reuniones o no han recabado información, la propuesta sería terminar con la veeduría de oficio.
Para implementar esta medida, el personal del CPCCS deberá estructurar los cursos de fiscalización y gestión pública, como “requisito para ser veedor” y, además, se abriría un plazo de dos meses para que se efectúen actos administrativos para integrar a la nómina a abogados y auditores expertos que den el acompañamiento a los veedores.
Sus informes finales serían elaborados con la “colaboración del abogado o experto” y se enviará a la institución que está siendo fiscalizada para que presente sus comentarios o pruebas de descargo.
Esas pruebas de descargo se analizarán con los abogados del CPCCS y determinar si se desvirtúan o no las conclusiones y recomendaciones hechas por los veedores.
Se agrega que si se observan indicios de presuntas “transgresiones a las leyes, reglamentos o perjuicio directo o indirecto a los bienes y recursos públicos”, el CPCCS establecería recomendaciones que deberán ser cumplidas en un plazo no mayor a tres meses; además, que su informe sería enviado a la Contraloría General del Estado.
Con el reglamento vigente, el Consejo puede emitir conclusiones y recomendaciones, pero los resultados de las veedurías se envían a su Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que investigue el caso previamente.
La propuesta de reforma también propone fijar un límite para el funcionamiento de estos cuerpos ciudadanos, para que tengan un plazo máximo de duración de hasta nueve meses.
Se les permitirá ampliarlo por una vez, con tres meses adicionales. El fin sería que estén integradas por un tiempo similar al que tiene la Contraloría -de 180 días- para elaborar un examen especial.
Entre las justificaciones del proyecto borrador, se explica que el requisito de aprobar este curso de auditoría y gestión pública se debe a que es “necesario que el ciudadano tenga la obligación de educarse en estos temas”.
Por lo pronto, la consejera Mishell Calvache expresó a sus colegas sus preocupaciones sobre estas reformas.
Recordó, por ejemplo, que la fijación de un plazo “contradice” la norma, porque las veedurías funcionan en ocasiones, de acuerdo al ejercicio fiscal de una autoridad del Estado en funciones.
También consideró que no se debería solicitar el cumplimiento del requisito de aprobar un curso sobre gestión pública y auditoría porque se “limitaría de forma flagrante el derecho de participación en los mecanismos de control social”.
Fuente: El Universo