La Comisión de Justicia convocará, en esta semana, a los vocales del Consejo de la Judicatura y a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que expliquen una supuesta intromisión de la Justicia en las atribuciones legislativas y de fiscalización de la Asamblea Nacional al dictarse medidas cautelares en contra del pleno del Parlamento.
Los jueces Julio César Obando, Olga Ruiz y Mabel Tapia, de la sala penal de Pichincha, el 5 de abril pasado, admitieron la petición de medidas cautelares presentada por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, y dispusieron que el pleno del Legislativo debe abstenerse de conocer, debatir y resolver el pedido del proyecto de resolución para la creación de la comisión ad hoc pluripartidista para investigar las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en el que está incluida Llori.
El llamado de las autoridades de Justicia responde a un pedido realizado por el legislador nacional por Pachakutik Ricardo Vanegas y que recibió todo el respaldo de los integrantes de la mesa legislativa, que se reunió este sábado 9 de abril.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura lo integran Fausto Murillo Fierro, Xavier Muñoz Intriago, Juan Morillo Velasco y Ruth Barreno Viteri.
El legislador y presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, abrió la sesión señalando que la mesa parlamentaria se suma al malestar de la mayoría de legisladores que rechaza el entrampamiento del trabajo de la Asamblea al que ha llevado la actual presidenta, Guadalupe Llori, por su “necedad, terquedad, al no querer ser evaluada en un proceso que se contempla en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
Que la terquedad de Llori ha arrastrado al Parlamento a la intromisión de la Función Judicial, a evidenciarse la falta de independencia judicial y a delatarse ante la ciudadanía aceptando procesos, medidas o recursos que a todas luces han sido otorgados por la presión de las autoridades hacia los operadores de justicia.
Añadió que se resiste a creer en lo que se comenta en los pasillos legislativos, esto es, “que las decisiones de quienes tienen que hacer justicia en este país respondan a la presencia del hombre del maletín, del famoso Gobierno del encuentro”.
Jaramillo dispuso al secretario de la mesa de Justicia que se convoque a los vocales del Consejo de la Judicatura y a la fiscal general del Estado hasta el miércoles de esta semana, debido a que se trata de un tema de emergencia.
El legislador Ricardo Vanegas, delegado de Pachakutik ante la Comisión, pidió que lo más pronto posible se convoque al Consejo Nacional de la Judicatura y a los tres jueces de la sala penal que concedieron medidas cautelares en contra del peno de la Asamblea Nacional y a favor de Guadalupe Llori.
Comentó que es evidente que la actuación del tribunal penal no está acorde a las acciones constitucionales, porque el Estado no es titular de derechos, tal como lo resolvió en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional; y además porque en las medidas cautelares no existen medidas de reparación.
Vanegas anunció que en la siguiente sesión del pleno pedirá que se remueva al abogado Santiago Salazar como coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, porque él no puede ser asesor legal de la Asamblea y al mismo tiempo “andar colocando denuncias de demandas a los asambleístas”.
Que si la presidenta Guadalupe Llori quiere presentar esas acciones en contra del pleno y de legisladores se busque un abogado particular y no un funcionario legislativo, reiteró.
Las representantes de UNES Gissela Garzón y Sofía Espín se sumaron a la solicitud del legislador Vanegas, pues coinciden en que se tiene que aclarar el accionar de la Justicia y de sus autoridades. Garzón dijo que rechaza la última acción judicial presentada por la presidenta Guadalupe Llori en contra del pleno de la Asamblea.
Espín comentó que la Asamblea vive momentos graves y extraños, que no se han respetado los derechos que tienen los asambleístas y que no es posible que los jueces de manera ilegal e inconstitucional se entrometan en asuntos que corresponden a la Función Legislativa. Por lo tanto, es urgente la comparecencia de los vocales del Consejo de la Judicatura.
Dijo que no es gratis que esta Asamblea Nacional tenga tan bajos niveles de confianza y reconocimiento del pueblo ecuatoriano, y para eso es necesario evaluar a las autoridades del CAL. También se solidarizó con los miembros del CAL que han sido demandados penalmente en la Fiscalía General del Estado por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional; que es un hecho sin precedentes en la democracia, dijo.
El legislador de Pachakutik José Chimbo afirmó que el Parlamento ecuatoriano no puede ser judicializado, por lo que se debe reivindicar el derecho a la libre expresión de los asambleístas enmarcado en la Constitución, pues “no podemos perder el nivel de representación institucional”, afirmó.
Añadió que en la Asamblea se tienen que hacer respetar las atribuciones y la presencia de los legisladores en el Parlamento. (I)