El concurso público para elegir a la primera autoridad de la Defensoría Pública avanza con irregularidades en las que habría recaído la comisión ciudadana de selección, respecto de la designación de los catedráticos que elaborarán los cuestionarios para los postulantes.
La elección de esta autoridad alcanzó la calificación de méritos y un grupo de catedráticos empezó con la elaboración del banco de preguntas y casos prácticos a los que deberán responder los quince postulantes que participan en el proceso.
Sin embargo, la selección de los catedráticos se habría realizado sin la presencia de la notaria pública, de acuerdo con lo que establece el reglamento de designación de esta autoridad.
La comisión ciudadana había decidido elegir a una notaria diferente a la que designó el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el 2021.
El artículo 6 de la normativa dispone que es el pleno del CPCCS el que seleccionará por sorteo de la nómina de notarios, al notario que dará fe pública de los actos que se realicen dentro del concurso de selección.
Por ello, el 14 de diciembre del 2021, el CPCCS realizó el sorteo del que sobresalió la designación de la notaria principal María del Pilar Flores Flores y como suplente a María Augusta Peña Vásquez.
Flores ha venido dando fe de los actos que se han desarrollado en el concurso, como la designación de los diez miembros de la comisión ciudadana.
Pero, el pasado 23 de enero de 2023, la comisión ciudadana resolvió hacer un sorteo paralelo y eligió a Rocío García Costales como notaria principal y a Paola Andrade como suplente, para que participen en el sorteo de los catedráticos que elaborarán el examen de conocimientos y los casos prácticos.
Fuente El Universo