La Comisión de Desarrollo Económico cerró el proceso de socialización y recepción de observaciones al proyecto de Ley para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. En esta primera fase realizó 7 sesiones de trabajo; recibió 39 participaciones de organizaciones y sociedad civil; 9 autoridades del sector público; 7 observaciones por escrito, mismas que serán analizadas y procesadas para el debate que se realizará mañana previo a la elaboración del informe para primer debate.
Este domingo, fueron 12 las voces de expertos, empresas públicas y privadas. El gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, subrayó que la empresa necesita inversión y seguridad jurídica para que sus proyectos puedan impulsarse, aspectos que se encuentran en la propuesta. Explicó la situación de la empresa, las refinerías y las necesidades de inversión para mejorar la calidad de los combustibles. Enfatizó que los capitales vienen cuando hay seguridad jurídica.
Del Colegio de Notarios de Pichincha, Jorge Machado, sostuvo que el servicio notarial no puede estar sujeto a directrices de ningún otro organismo del sector público, que no sea el Consejo de la Judicatura, pues a través de él se podrá establecer directrices para el servicio notarial telemático. Expuso observaciones respecto al procedimiento para la atención en diferentes actos notariales, vía telemática, por ejemplo, en audiencias.
Juan Pablo Jaramillo, de Estratego Consulting, comentó que la norma como está escrita debe ser mejorada para que no exista violación de derechos fundamentales, si se permite a gestores privados cobrar a los usuarios por servicios públicos que la Constitución hoy señala son gratuitos.
Los asambleístas Francisco Jiménez, Diana Pensántez y John Vinueza presentaron inquietudes relacionadas con el actual impedimento para la implementación de los servicios telemáticos, por parte de los notarios; la inclusión de la autenticación de las huellas digitales y la plataforma digital; atención en salud, a través de las iniciativas de asociación público-privada. Nathalie Arias afirmó que no existe el propósito de retirar la rectoría y deberes constitucionales. “Estamos hablando de nuevas infraestructuras”, precisó la legisladora, respecto a la figura de delegación.
En su turno, María Fernanda Garcés, experta APP, aseguró que existe confusión respecto a las asociaciones público-privadas, con los procesos colaborativos. Aclaró que las APP son procesos contractuales a largo plazo, no un proceso de privatización, es una opción del Estado para contratar infraestructura y los servicios asociativos, previa la verificación de conveniencias sociales, económicas y financieras.
De su lado, Nelson Baldeón, con experiencia en multinacionales, producción y el desarrollo de alta tecnología, destacó la importancia de discutir herramientas que permitan a los ecuatorianos mejorar sus condiciones de vida y generar plazas de trabajo. Pidió considerar los cambios tecnológicos mundiales en las zonas francas digitales donde las transacciones globales son criptomonedas.
El experto Carlos Lara expuso que la normativa debe impulsar las zonas francas turísticas y agroproductivas. Sugirió considerar regímenes especiales a favor de quienes constituyan zonas francas; mantener la figura de los derechos adquiridos de las Zedes y las zonas francas.
Para la experta tributaria Paola Gachet, las Asociaciones Público – Privadas, son contratos a largo plazo, entre 30 y 40 años, con seguridad jurídica. Pidió aclarar la participación de los entes de control, en el caso de las APP y respetar los derechos de los gestores delegados.
Sergio Flores, en representación de la Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral, explicó las ventajas de las zonas francas y su caracterización en varios países. Sugirió que a las empresas que se instalen en Zede o zona franca no se les restrinja a desarrollar operaciones. Dijo que los incentivos no compensan la falta de competitividad y entorno de negocio, por lo que se requiere incentivar la innovación local y transferencia tecnológica.
El consultor Rubén Morán propuso analizar el alcance de la frase “indelegables las facultades…”, del artículo 5, porque llevaría a varias interpretaciones el momento de la aplicación. Además, recoger las experiencias respecto a las zonas francas, para no cometer los mismos errores, tanto del sector público como del privado.
Alejandro Martínez vicepresidente del Comité Empresarial mencionó que existen aspectos que no están regulados. Planteó modificaciones en el tema de la excepcionalidad para la delegación, control, concurso desierto, entre otros aspectos.
Lucio Cacao, de la Unión de Pescadores Artesanales de El Oro explicó la realidad de los pescadores artesanales en las zonas del manglar. “Queremos que las camaroneras y ciertas áreas no sean privatizadas”, puntualizó.
Por último, Bretzada Tejada de la Asociación Los Isleños, Custodios del Manglar mencionó que ciertas reformas constantes en el proyecto ya constan en la Ley de Pesca. Expuso sus argumentos en defensa del manglar. El parlamentario John Vinueza sostuvo que la Ley debe promover la recuperación de los manglares y expresó su apoyo a los pescadores artesanales.
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