Un 17,9 % de la población del país suele asistir a shows de música en vivo, según la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales. Esa audiencia ha empezado a pagar el 12 % del IVA en la compra de entradas para eventos masivos desde que entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 742, el pasado 1 de julio.
El productor Wilson Nazca, de la marca Orion Show Business, cuenta que para el concierto de los estadounidenses Manowar se habían vendido 2.000 boletos hasta el incremento en el acceso a espectáculos públicos. De un promedio de 20 entradas por día pasaron a vender 40, pero se trata de la percepción del público ante el artista, aclara: “ese evento llama más la atención por ser la primera vez que se hace en Ecuador, otros no tienen tanta expectativa al ser más pequeños”.
Hasta el pasado 14 de julio, Manowar (programado para el 16 de septiembre) llevaba 3.000 entradas vendidas a través de la plataforma Ticket Show, un 55 % del aforo permitido en la Plaza Monumental de Toros Quito (5.500 espectadores). Los precios actuales van de los 50 a los 140 dólares.
Pero un 20 % del público suele mostrarse reacio a pagar valores adicionales por impuestos y podría dejar de comprar boletos, considera Nazca. Orion también tiene en agenda dos festivales, de cumbia en octubre y reggae en noviembre, en el Club La Campiña (5.000 personas). “Esos eventos nos dirán si la gente se acostumbra a pagar por el incremento”.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha anunciado que podría haber un tratamiento especial a los eventos artísticos y culturales que acojan a menos de 2.000 asistentes. A través de un acuerdo con el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) y la Secretaría Jurídica de la Presidencia se establecieron ideas para que esta categoría no tenga que pagar el 12 %.
Además del aforo, otros requisitos que deben cumplirse son: que los promotores consten en el Registro Único de Actores Culturales (RUAC) que administra el MCyP y que el establecimiento en que realicen los eventos esté registrado en el catastro de esa cartera de Estado.
La plataforma Buen Plan también cobró el impuesto para los tickets del concierto ‘Pink Floyd’s Roger Waters: This is not a drill’ (a realizarse el próximo 9 de diciembre). Al boleto de menor valor, General, que se anuncia a 55 dólares hay que sumarle $ 6,60 del IVA y $ 7 “por servicio”; es decir que los asistentes a esa localidad pagarán casi 70 dólares. ‘Zona The Wall’, la más cara se oferta a 300 dólares, paga $ 36 de IVA y cuesta 343 dólares en total.
Pese al impuesto, cada localidad ya ha vendido más de la mitad de las entradas disponibles. Se espera que asistan 35.000 personas en total. “Un buen sector del público pagará el IVA, no ha cambiado esa voluntad en los eventos masivos”, confirma Diego Eivar, que trabajó en la producción del AbraKdabra Fest en enero.
Ese evento completó el aforo del Club La Campiña: 3.000 personas. Sus productores tienen planificado montar dos escenarios para la edición de 2024. En ese lugar del norte de Quito se pueden usar diversos espacios, donde caben hasta 5.000 asistentes.
“Emitimos unas recomendaciones de tipificación de espectáculos públicos para que, desde la gestión fiscal, el SRI pueda discernir. Esperamos que los servicios culturales sigan sin facturar IVA; pero el de los espectáculos es un concepto más amplio que abarcará a artistas de gran convocatoria” reitera Joaquín Carrasco, subsecretario de Emprendimiento del MCyP.
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) cataloga a las actividades económicas con códigos que determinarán qué conciertos no serán gravados con el 12 % en el boletaje. Solo algunos costos de producción de conciertos todavía cuentan con exenciones en la contratación de equipos de iluminación o amplificación, ratifica el funcionario.
Los eventos de menor aforo obtienen menor ganancia para sus gestores, comenta Marco Oviedo de la productora Música Híbrida. Entre las condiciones para organizar eventos para 300 aficionados está el contratar seguridad privada y hasta alquilar ambulancias.
“El cobro del IVA será una complicación más entre tantas otras”, dice el antropólogo Juan Pablo Viteri, que ha levantado información sobre la producción de conciertos en el Ecuador. “Lo que debe hacerse es motivar a que se realicen estos eventos y eso va más allá de los tributos, que apenas eran una ayuda en la gestión cultural”.
Otros impuestos que pagan todos los productores se gravan sobre transporte, catering, y hostelería. “El de hoteles llega al 22 % sumando IVA y servicios”, señala Wilson Nazca. La cooperación entre varias instituciones ha dado un paso adelante pero aún faltan políticas públicas.
“La reforma tributaria revierte el IVA cero para espectáculos públicos, pero no para servicios culturales. Desde 2019, el Estado ha dejado de recaudar $ 40 millones por estos servicios; solo $ 13 millones durante el año pasado”, dice el subsecretario Joaquín Carrasco.
Las cifras de consumos culturales –recabados por el INEC y difundidos por el MCyP– desvelan que en la música los ecuatorianos prefieren escuchar a artistas nacionales (21,2 %) que a internacionales (10,2 %), y estos últimos pagan más impuestos que los primeros.
- Otras condiciones que afectan la organización
En junio, Silvia Estrella vio interrumpida la presentación de Quilapayún durante el festival ‘Cantos Para Mi Gente’, en el Ágora de la Casa de la Cultura (CCE). El grupo chileno de música folclórica había excedido la hora del permiso que tramitó la empresa On Time Producciones: 00:00 del sábado 24 de junio y un operativo de seguridad y control hizo que no pudieran interpretar todo su repertorio.
Quilapayún publicó en un comunicado que fueron “censurados” y contaron que “los asistentes al espectáculo se retiraron del lugar tan sorprendidos como los artistas”. Como muestra de solidaridad, señaló Carlos Pangol, comunicador de la CCE, la institución que recibe una renta de $ 5.000 por el alquiler del Ágora emitió otro comunicado “frente a las dudas del procedimiento que se llevó a cabo para la suspensión del concierto”.
EXPRESO verificó que la CCE no mantiene un canal directo de comunicación con los artistas que se presentan en sus instalaciones por gestión privada. Ramiro Córdova, de la empresa On Time, considera que se trató de un “malentendido” y ratificó que se trató de una cuestión del permiso.
La Policía Nacional ha ratificado en sus redes oficiales que su presencia se da en los exteriores de los escenarios para hacer cumplir los horarios planificados. Ningún organizador ha dado alternativas a la audiencia en caso de que se incumplan las condiciones para finalizar un espectáculo.
Fuente: expreso.ec