La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó este lunes al resultado de la consulta popular como una derrota para el presidente, Daniel Noboa, frente al revés en dos de las 11 preguntas.
El proyecto del Gobierno obtuvo el respaldo para las reformas en materia de seguridad y combatir al crimen organizado, pero vio rechazadas las iniciativas sobre arbitrajes internacionales y contratación laboral por horas.
“El mensaje que ha dado el pueblo ecuatoriano en las urnas es claro: SÍ para enfrentar a la delincuencia y NO al modelo económico de Noboa. El pueblo le dice NO a Noboa en la consulta popular”, manifestó este lunes en un comunicado la Conaie.
“Por órdenes del FMI” Para la confederación indígena, “este resultado representa una significativa derrota para el Gobierno de Noboa” y “envía un mensaje de contundente rechazo a los intentos del Gobierno de precarizar las condiciones labores y someter los recursos nacionales a intereses transnacionales”.
La cuestión de los arbitrajes internacionales buscaba atraer inversiones internacionales al abrir la posibilidad de celebrar estos litigios en cualquier jurisdicción, lo que ahora está limitado por la Constitución únicamente a Latinoamérica. Mientras, la propuesta de flexibilizar la contratación laboral se dirigía a dinamizar la creación de empleo, una de las grandes promesas electorales de Noboa.
Menos trabajo y más desempleo: las cifras laborales de marzo de 2024 A criterio de la Conaie, las dos medidas fueron planteadas “por órdenes directas de los grupos de poder económico y del FMI (Fondo Monetario Internacional)”, con el que el Gobierno de Noboa negocia un nuevo programa crediticio.
El movimiento indígena consideró que “la consulta ha revelado una preocupación social profunda por la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado”. Entre las preguntas que fueron aprobadas ampliamente por los ecuatorianos figura la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país de forma permanente, la extradición de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países y el endurecimiento de penas y eliminación de beneficios en delitos relacionados con el crimen organizado.
Noboa recibió así un amplio respaldo a su política para combatir al crimen organizado, después de haber declarado a inicios de año el “conflicto armado interno” contra estas bandas, a las que el Gobierno pasó a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
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