Aprobación de Ley de Defensa de la Dolarización permitiría continuidad de acuerdo con el FMI

A 14 días de que se acabe el plazo para que la Asamblea apruebe o niegue la Ley de Defensa de la Dolarización, las posiciones de la mayoría de los bloques no están claras y dependen de la postura del nuevo Presidente sobre la normativa.

El ministro de Economía, Mauricio Pozo, aseguró que se han concretado acercamientos y conversaciones con todos, a excepción del grupo de la Revolución Ciudadana, debido su oposición a la Ley, que ha estado clara e inamovible desde el principio.

Según el funcionario, en el actual Gobierno hay un cauto optimismo de que se puedan sumar los 70 votos mínimos necesarios con apoyo de legisladores de CREO, PSC, SUMA y algunos independientes. En el caso de Alianza País, todavía persisten dudas, pero se ha trabajado en limar asperezas con gente como Ana Belén Marín, que persiste en sus dudas sobre la constitucionalidad de temas como la creación de la Junta de Regulación Monetaria (directorio del Banco Central).

Los tres operadores políticos ante la Asamblea son Pozo y los ministros de Gobierno, Gabriel Martínez, y de Trabajo, Andrés Isch. En el último caso, su papel es menos importante porque está enfrentando el proceso de un juicio político.

Acuerdo con FMI y tenedores de bonos

La aprobación del proyecto de Ley, que llegó al Legislativo como económico urgente, permitiría la continuación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la llegada de $1.500 millones hasta finales de 2021, de los cuales $450 millones ingresarán durante los primeros días del nuevo Gobierno.

Pero si se lo niega y archiva, no solo se pondría en riesgo ese acuerdo, sino también la renegociación de la deuda externa en bonos, alcanzada en 2020 durante los meses más duros de la pandemia.

Andrés Morales, economista e investigador, recordó que una de las principales condiciones de los tenedores de los bonos fue que Ecuador tenga un programa de financiamiento con el FMI, como una forma de asegurarse que se manejará bien las cuentas fiscales y podrán recibir los pagos con el nuevo cronograma.

“Si esa renegociación queda sin efecto, el nuevo Gobierno tendría que pagar $11.000 millones por intereses y servicio de deuda hasta 2025. Además, $16.000 millones adicionales tendrían que desembolsarse los siguientes cinco años. Todo eso quedó aplazado para 2030 a 2040”, acotó Morales.

En otras palabras, en el periodo presidencial de 2021 a 2025, se tendría que buscar deuda adicional de $2.200 millones cada año para poder pagar los vencimientos de esos bonos.

Tres escenarios posibles

  • La Asamblea niega el proyecto de Ley.

Si esto sucede, el nuevo Presidente podría enviar una nueva iniciativa, tal vez más corta y concisa, donde sobre todo se insista en el blindaje de las reservas internacionales del Banco Central y su no utilización para financiar el gasto público del Gobierno de turno.

Esa iniciativa tendría que ser el primer insumo de la renegociación del acuerdo con el FMI.

Luis Gerado Prato, economista de Torino Economics, explicó que el organismo multilateral está dispuesto a ser extremadamente flexible para mantener el programa con Ecuador.

  • Aprueban el proyecto, pero con modificaciones sustanciales.

Bajo este panorama, el Gobierno entrante y saliente deberán sentarse a acordar en veto ejecutivo y una estrategia de negociación ante la Asamblea.

En ese escenario entra en juego todos los cabildeos y acercamientos que ya están haciendo los legisladores electos de cara a su posesión oficial el 14 de mayo 2021.

  • Se aprueba sin cambios y se pone en práctica.

Finalmente, la tercera opción es que hasta el 25 de abril de 2021 la Asamblea dé paso a la normativa sin cambios sustanciales y se agilite, incluso antes del cambio de mando en la Presidencia, la llegada de los $450 millones. (La Hora)

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