COMUNICADO

La humanidad y el mundo, se encuentran muy afectados por la pandemia del Coronavirus COVID 19. Ningún país se encontraba preparado para enfrentar y combatir la emergencia que ha paralizado la vida del planeta y Ecuador no ha sido la excepción.
El aislamiento social y la restricción de circulación han paralizado las actividades productivas y laborales. La emergencia sanitaria actual y la emergencia nanciera que ya existía, nos llevará a una emergencia social.

Varios gobiernos de otros países han asumido las bonicaciones por despidos de los trabajadores y las pérdidas de negocios y empresas para la reactivación económica, pero en Ecuador, donde no existe fondo de reserva internacional ni de contingencia para emergencias, sin inversión extranjera, con una herencia negativa de endeudamiento y con su producción petrolera pignorada y el precio del petróleo a la baja a piso de cero, con la
rotura del oleoducto y sin ninguna otra fuente de ingreso; el gobierno no puede asumir las pérdidas ni entregar
bonificaciones o subsidios.

Una lección básica de economía establece que en toda actividad productiva o social, pública como privada, si no existen ingresos no puede solventarse los egresos y en esos casos, se debe incentivar y fomentar los ingresos o reducir drásticamente los egresos, referenciando los gastos. Sabemos que no existen recursos que financien el Presupuesto General del Estado y en momentos como este, en un estado de excepción, sin inversión ni dinero fresco, entramos en una etapa de economía de excepción dentro de una crisis financiera mundial, que según
analistas económicos será peor que la Gran Depresión del 1929 – 1930. Por tanto, es necesario que todos los ciudadanos, sectores e instituciones, sin demagogia, populismo, politiquería ni discrimen, participemos en la búsqueda de soluciones con medidas reales, efectivas y necesarias para aumentar los ingresos y reducir o referenciar los egresos.

La Universidad, claustro del conocimiento y del pensamiento universal, es y debe ser parte de la solución, tanto más que la educación generadora de competencias e innovaciones, debe ser uno los sectores privilegiados, como lo dispone la Constitución, por ser el motor que genera el progreso de los países.

Con esta perspectiva, la Universidad de Guayaquil expresa su inconformidad y oposición a los recortes presupuestarios que el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado a todo el sector de la educación incluyendo las Universidades y Escuelas Politécnicas del Sector Público, consecuentemente se solidariza con todas las instituciones educativas, adhiriéndose al comunicado de la Asamblea del Sistema de Educación
Superior ASESC.

El Alma Mater Porteña con 152 años de creación, donde se forman anualmente 70.000 estudiantes, con 2.954 profesores y 1.919 colaboradores administrativos y de servicios generales, que la ubican como la Institución de Educación Superior más grande del país, es la más afectada con $ 12, 899,408.16 en este último recorte a su presupuesto aprobado y codificado, con incidencia en las partidas 51 y 53, que corresponden a contrataciones de servicios personales y contratos civiles, lo cual perjudica de manera directa a profesores, personal
administrativo y a la juventud que pretende ingresar al Sistema de Educación Superior. Esta rebaja se suma a los
$ 3,322,785.95 en que fue reducido a inicios de año, en la codificación presupuestaria para el año 2020.

En momentos de crisis se debe incentivar la creatividad para encontrar soluciones. “No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo” decía Albert Einstein, por lo que consideramos que la solución no será el utilizar las medidas fiscalistas de siempre, reducir presupuestos a los sectores sociales y crear más impuestos a la ciudadanía.

Por qué no analizar y aplicar otras alternativas, que sí solucionaría el grave problema fiscal que se viene
arrastrando por años y que distorsiona una eficaz, eficiente y efectiva planificación y ejecución de las finanzas públicas; a la vez que incentivaría la creación y sostenimiento de empresas, industrias, comercio y actividades del sector productivo y privado, para la activación de nuevos emprendimientos que generen más plazas de trabajo y que beneficien al Estado, con mayor recaudación tributaria .

Para el efecto, como medidas alternativas se propone:
1) Reducción del tamaño del sector público. Hace 13 años eran 14 Ministerios y en la actualidad, son más de 40 con las Secretarías y demás entes burocráticos creados con el mismo rango.
2) Ajuste y ordenamiento de las remuneraciones de todo el sector público, mediante una real redistribución de los ingresos públicos y una política salarial acorde con los países de Centro, Sud América y los países del Caribe, homologando los emolumentos a los mismos niveles jerárquicos, grados, complejidad, funciones y responsabilidades.
3) Garantizar la seguridad jurídica y efectuar reformas legales acorde a los tiempos y necesidades del país y sus ciudadanos, que garanticen la inversión extranjera y nacional, respetando la no retroactividad de la ley, no discrimen, igualdad, inclusión y equidad, para fomentar trabajo, productividad, competitividad y
progreso; respetando la naturaleza jurídica del derecho público y del derecho privado.
4) Crear incentivos y benecios para los nuevos inversionistas que decidan traer recursos frescos para invertir en el país, con un periodo de gracia tributaria y estableciéndose nuevas modalidades de contratación laboral.
5) Focalización del subsidio a los combustibles destinándose a beneficiar solo a las clases más necesitadas y evitar que siga siendo utilizado por las grandes industrias o por sectores económicos pudientes. Con internacionalización del precio de los combustibles, se acabaría el enriquecimiento de los contrabandistas
y las fugas ilegales para ser utilizado en el refinamiento de la hoja de coca, que beneficia al narcotráfico.
6) Renegociación de la deuda pública externa e interna, con intereses más bajos y plazos más amplios, así
como las condiciones de la pignoración o preventa del petróleo.
Una vez aplicadas estas medidas que ahorrarían recursos suficientes para cubrir el déficit presupuestario, reordenando y sincerando la economía nacional, a la vez que incentivando al sector productivo privado, invito a un diálogo directo, frontal y productivo, sin sesgos ni prejuicios, con los equipos de trabajo del Gobierno y la Universidad, para analizar si el presupuesto se encuentra acorde a las necesidades propias de la institución para
el cumplimiento de su función sustantiva. Si se evidencia que, comparado con otras instituciones del sistema el presupuesto fuere excesivo, admitiríamos la reducción. En caso de ser insuficiente, el gobierno debería otorgar el presupuesto necesario, que consta en la proforma elaborada por la Universidad para el año 2020 y enviada oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo expuesto, ratificamos nuestra oposición a la rebaja del presupuesto al sistema educativo en general y en especial, los de las Universidades y Escuelas Politécnicas Ecuatorianas, solicitando que se deje sin efecto dicha medida inconsulta y perjudicial para los jóvenes estudiantes que quieren ingresar al sistema de educación superior y así evitar la reducción de cupos y no apertura los cursos de nivelación, ni el ingreso al primer ciclo de estudios, por la falta recursos para la no renovación o la contratación de profesores y del personal administrativo
indispensables.

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