Comité Empresarial pide a la Corte Constitucional rechazar el pedido de consulta minera en Azuay

El Comité Empresarial Ecuatoriano pidió a la Corte Constitucional (CC) rechazar el pedido de dictamen para tramitar una consulta popular, que busca evitar las actividades mineras en Azuay. El proceso lo impulsa el prefecto de esa provincia, Yaku Pérez.

Este lunes, 9 de septiembre del 2019, Patricio Alarcón, titular del Comité, aseguró que los dirigentes del gremio están “preocupados por el posible pronunciamiento” de los magistrados. A criterio del representante, el país necesita “seguridad jurídica e ingreso de capitales para generar fuentes de empleo y aumentar las exportaciones”.

Además, insistió en que los recursos naturales no renovables deben ser gestionados por el Gobierno central, según reza la Constitución. “Ningún prefecto ni alcalde puede decidir sobre el futuro económico del Ecuador”, sostuvo.

Alarcón cuestionó a los colectivos que “en teoría, pregonan una protección ambiental”, pues dijo que a la larga esa eventual prohibición terminaría aumentando la minería ilegal. Pablo Zambrano, titular de la Cámara de Industrias, apuntó que detrás del pedido de consulta popular, efectuado por Yaku Pérez, hay intereses “personales, políticos y partidistas”.

Agregó que en el ámbito productivo nacional al menos 30 sectores se encadenan con la minería: construcción, transporte, ingeniería, servicios de alimentación, entre otros. “La Corte Constitucional debe tomar una resolución jurídica, en derecho, no un pronunciamiento político o caer en el engaño que un político está pretendiendo hacerle al país”, sostuvo Zambrano.

Tanto Alarcón como Zambrano mostraron su total “respaldo a la minería legal con responsabilidad”. Los dirigentes coincidieron en que esta industria abrirá nuevas oportunidades, generará fuentes de empleo y favorecerá al desarrollo.

David Larenas, vicepresidente de la Cámara de Minería, espera que la CC emita un pronunciamiento de fondo y que se deje sentado que el manejo de los recursos naturales no renovables es una competencia del Gobierno central. Según Larenas, hasta el 2021 las actividades mineras podrían lograr una inversión de USD 2 700 millones.

Agregó que hasta ese mismo periodo, la recaudación tributaria por esta actividad alcanzaría los USD 715 millones. Además, señaló que actualmente la minería legal genera 33 000 empleos directos y que 10 universidades del país ofrecen carreras relacionadas a esa materia.

El dirigente recordó que representantes de la Cámara, de la Academia y de empresas mineras entregaron recursos de Amicus Curiae, para participar de la audiencia en la Corte Constitucional. Agregó que el plazo para que la CC trate esta solicitud vencerá el próximo 20 de septiembre.

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