La Comisión de Gobiernos Autónomos, en el inicio del proceso de fiscalización relacionado con el colapso del puente colgante Gonzalo Icaza Cornejo, que conecta al cantón Daule con la parroquia Magro y el cantón Nobol, recibió a la prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Aguiñaga.
La prefecta indicó que desde el gobierno provincial se atiende la emergencia, siendo lo más importante la vida de la gente. Desde el primer momento del hecho, ocurrido el 19 de marzo de 2025, se brindó el contingente logístico, económico y técnico, señaló.
Ante los comisionados afirmó que, “de la información preliminar no concluyente se atribuye el colapso del puente a la sobrecarga por el cruce de un comboy de cuatro trailers, sin embargo se realizan los peritajes pertinentes”.
Añadió que, existen dos pólizas vigentes de la aseguradora Alianza, una por responsabilidad civil y otra por obras civiles terminadas, lo que permitirá la remediación y reparación. Existe también una petición a la Cámara de la Construcción de Guayaquil para la evaluación técnica y análisis de las causas del colapso.
Informó que, desde la prefectura se desplazó al sitio el personal para monitorear la estructura colapsada que es de riesgo. Además, se evalúan todas las acciones para reestablecer el servicio de agua potable; y, la circulación vehicular continúa por la vía alterna, el baypass Nobol Daule.
Entre tanto, Rodolfo Robinson, el representante legal de la concesionaria Conorte S.A, indicó que no tiene la competencia para el control vehicular porque esa atribución la tiene la Comisión de Tránsito. Aseguró que por el puente no debían pasar camiones cargados con más de 48 toneledas, irrespetando el peso límite establecido.
El abogado Robinson anunció que presentará una denuncia con fundamento en el artículo 204.1 de Código Orgánico Integral Penal (COIP), por daño a un bien público. El puente es parte de la red vial estatal, delegado a la prefectura del Guayas y administrado por la concesionaria Conorte S.A.
La mesa de Gobiernos Autónomos, dentro del proceso de fiscalización, solicitará información referente a esta temática a la Secretaría Nacional de Riesgos y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
