La Comisión de Participación Ciudadana, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, debatió sobre la iniciativa que busca unificar criterios para la designación de autoridades de varias instituciones del país, como la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura (CJ).
La legisladora Pierina Correa, una de las proponentes de la iniciativa, planteó que las autoridades sean designadas en períodos que no coincidan con procesos electorales. Precisó que realizar cambios de los miembros del CNE y TCE durante un proceso podría afectar la estabilidad de este, reduciendo la confianza en su integridad.
Por lo que sugirió, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) establezca un plazo específico para designar autoridades, suspendiendo las designaciones de miembros del CNE y TCE mientras esté en curso un proceso electoral, debiendo retomar el proceso solo después de la posesión de las nuevas autoridades.
La legisladora añadió que el CPCCS debe completar los procesos de selección de autoridades en un plazo máximo de 90 días, tras la finalización del período de las autoridades salientes. Esta medida permitiría optimizar los tiempos y evitar vacíos administrativos.
Entre tanto, el legislador Franklin Samaniego, también proponente, coincidió en la necesidad de unificar la reglamentación para todas las designaciones, con el fin de evitar cambios constantes y regulaciones ad hoc para cada proceso de selección. Según Samaniego, esta medida reforzaría la seguridad jurídica e imparcialidad en los concursos, previniendo la creación de nuevos reglamentos cada año.
El presidente de la Comisión, Patricio Chávez destacó la importancia de consolidar los lineamientos para los procesos de selección, porque de ello dependerá la idoneidad de las autoridades a cargo de roles claves en la institucionalidad del país.
El proyecto de ley, en trámite, busca fortalecer la transparencia y consistencia en los procesos de designación, garantizando que las autoridades de control actúen de manera imparcial y en beneficio de la ciudadanía.
Fuente: Asamblea
