La Comisión de Garantías Constitucionales, con nueve votos a favor, aprobó iniciar un nuevo proceso de fiscalización y control político, en esta ocasión sobre la presunta entrega de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente a la empresa Dundee Precious Metals, para el proyecto minero Loma Larga, ubicado en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
Según la resolución presentada por el legislador Roque Ordóñez, esta mesa legislativa solicitará al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica la entrega de toda la información correspondiente al caso, mediante un informe jurídico detallado sobre la sentencia constitucional y respecto a cómo, cuándo y a quiénes se socializó el proyecto; así como el procedimiento seguido para la entrega de la mencionada licencia.
Previamente, en comisión general, Cecilia Alvarado, representante del Cabildo de las Mujeres del Azuay, reflexionó sobre la relevancia de la vida de las mujeres y la naturaleza, así como el valor del páramo como “fábrica del agua”. Por su parte, Tarquino Orellana, representante de la ciudadanía de Cuenca, destacó la existencia de una consulta popular aprobada con el 80% de votos, la cual, según señaló, no puede ser vulnerada con decisiones contrarias.
Román Carabajo, concejal de Cuenca, indicó que en esta ciudad existe una constante preocupación por la situación de los humedales y las zonas de influencia. Recalcó la necesidad de respetar la consulta popular del 7 de febrero de 2021, que prohíbe la explotación minera en zonas de recarga hídrica. Asimismo, hizo referencia a la existencia de sentencias, ordenanzas y otras disposiciones relacionadas con esta problemática. Al análisis se sumó Roberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca.
Reconocimiento a la mujer rural
En el marco del tratamiento del proyecto de Ley que Promueve el Reconocimiento y Empoderamiento de la Mujer Rural, la Comisión receptó el criterio del equipo técnico-jurídico del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), con el objetivo de enriquecer la propuesta legislativa.
Lilia Ordóñez, directora ejecutiva del Conagopare, destacó que este proyecto beneficiará a un amplio sector de la población, dedicado a diversas actividades productivas y sociales.
Las observaciones continuaron con las intervenciones de Jennifer Granja, analista de asesoría jurídica, y del abogado David López. Ambos señalaron la necesidad de que la iniciativa no se limite únicamente al ámbito rural, sino que también contemple procesos de capacitación, educación y actividades remuneradas y no remuneradas.
Fuente: Asamblea Nacional
