Comisión del caso María Belén Bernal señala a 4 funcionarios de Estado

Con casi una hora de retraso y ajustes a último momento, la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el caso de María Belén Bernal se instaló este lunes 31 de octubre de 2022. Los legisladores definirán el informe que pasará al Pleno.

El documento preliminar se compone de 73 páginas. En sus 11 conclusiones y más de 20 recomendaciones se apunta a los funcionarios del frente de Seguridad y Derechos Humanos y se considera que existe responsabilidad del Estado.

“Lo que dice el informe es que hay responsabilidad del Estado en que no se actuó con prolijidad ni con celeridad”, dijo la presidenta de la Comisión, Ana Herrera, del correísmo (Unión por la Esperanza, Unes)

“No configura un crimen de Estado. En esto hemos recibido informaciones de distintos expertos, y no nos corresponde tampoco a nosotros determinar esto. A nosotros nos corresponde el control político”, acotó.

Juicios políticos por caso Bernal

Entre las recomendaciones del informe, que no tiene carácter de vinculante para el Pleno, constan cuatro pedidos de juicio político contra el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y el exministro del Interior Patricio Carrillo.

A los funcionarios se los señala de incumplimiento de funciones por sus acciones y omisiones sobre el femicidio que se registró el 11 de septiembre pasado en la Escuela Superior de la Policía. Al ministro Jiménez lo cuestionan por no haber acudido a la Comisión.

“El país no tiene una política pública en seguridad, tampoco en erradicar la violencia de género. Esas dos cosas van a ser urgentes. Pedidos, demandas que hacemos al Gobierno Nacional”, apuntó Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática, ID), vicepresidenta de la Comisión.

Otras recomendaciones por el femicidio de Bernal

También incluye un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que remueva al comandante de la Policía, Fausto Salinas. Al oficial lo señalan “por falta de operatividad” en relación a este hecho, pues hasta ahora el principal sospechoso, el teniente Germán C., permanece prófugo de la justicia.

“Pediremos que este informe sea enviado tanto a las instituciones nacionales e internacionales garantistas de Derechos Humanos para que se puedan dar el seguimiento y se incluya también en las investigaciones que está llevando adelante a la Fiscalía”, manifestó Herrera.

Entre las comisionadas hubo discrepancias sobre la posibilidad de incluir una responsabilidad política de la Fiscalía, ya que este organismo mantiene dos investigaciones penales abiertas por esta causa.

Hasta las 13:45, todavía continuaba el debate del texto. La Comisión integrada por cinco asambleístas mujeres, donde no participa el oficialismo, tiene de plazo hasta el 2 de noviembre para entregar el informe.

 

Fuente: El Comercio

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