En el marco del tratamiento de los proyectos de ley unificados de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la mesa legislativa de Relaciones Internacionales recibió a la asambleísta Ana Galarza, quien detalló el contenido de su propuesta en el ámbito migratorio.
La legisladora destacó que el proyecto de ley contiene cinco artículos y una disposición final. Subrayó que, desde la promulgación de la Ley de Movilidad Humana y su reforma en 2017, no existe ninguna disposición que exija a los extranjeros presentar un certificado oficial de antecedentes penales al ingresar al Ecuador, lo que considera fundamental para prevenir la entrada de personas con antecedentes criminales al país.
A través de estadísticas evidenció el aumento de la delincuencia en los últimos años, incluyendo delitos como extorsiones, secuestros exprés, robos y sicariato, en los cuales, en su mayoría, están involucrados extranjeros con antecedentes penales. En este contexto, recalcó que su propuesta busca garantizar la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos mediante la implementación de controles más estrictos.
También fundamentó que la reforma planteada establece en su artículo 53, la obligatoriedad de presentar documentos sobre el pasado judicial o los antecedentes penales al momento de ingresar al Ecuador. Así mismo, se adiciona en el artículo 131 que se instruya a los funcionarios de control migratorio a verificar estos antecedentes en el punto oficial de control.
Dentro de la normativa, se incorpora, en el artículo 133, la responsabilidad de los directores regionales, quienes serán sancionados o destituidos en caso de incumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Por último, señaló que el artículo 145 será sustituido para garantizar que las deportaciones se realicen de manera eficiente y que las resoluciones sobre esta decisión se ejecuten en un plazo máximo de 36 meses, a partir de la fecha en que el acto administrativo causa estado.
Fuente: Asamblea
