La asambleísta Esther Cuesta socializó en la Comisión de Relaciones Internacionales su iniciativa de reforma a 57 artículos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. “Este proyecto colectivo y participativo recoge las principales demandas de la comunidad migrante, retornada, solicitante de refugio y asilo, así como de los inmigrantes que viven en el Ecuador”, dijo.

Según el INEC, son aproximadamente 6 millones los movimientos migratorios registrados entre 1997 y 2023 y, 66 mil durante el 2024, por lo que es necesario armonizar la ley vigente a las condiciones actuales de movilidad humana, indicó la proponente.

Cuesta indicó que las reformas propuestas promueven la inclusión multidisciplinaria de la comunidad retornada frente a una nueva crisis de movilidad humana nacional y regional, “configurándose en una respuesta estructural para enfrentar los desafíos que tiene el Ecuador en esta materia”.

La iniciativa busca, entre otras, la validez ininterrumpida del “certificado de migrante retornado”, que otorga beneficios a quienes se encuentran en esta condición y que en la norma vigente es de 10 años. También, mecanismos para agilitar el visado humanitario y la repatriación de restos mortales en caso de fallecimiento de un migrante.

Además, en atención a los tratados internacionales sobre movilidad humana, busca que las personas extranjeras cuenten con acceso a la educación, sin importar su estatus migratorio, en todos los niveles educativos, así también que no se niegue la entrega del títulos por no poseer un estatus migratorio regular.

Sobre la protección internacional, la reforma plantea que, de haber sido inadmitida una solicitud de refugio, esta podría impugnarse por vía administrativa o judicial y, en caso de negarse, propone la ampliación del plazo de salida del país de 15 a 90 días.

A manera de conclusión, la proponente indicó que las políticas migratorias no pueden ser concebidas como una barrera que impida la vida en familia, por el contrario, deben propender al fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos de la comunidad migrante.

Por su parte, Jonathan Parra, quien preside de la comisión, comprometió su labor para dar un tratamiento ágil a los cinco cuerpos reformatorios que al momento estudia la mesa.

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