La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social llevó a cabo una serie de comparecencias con representantes de varias instituciones públicas para fiscalizar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 317, emitido el 2 de julio de 2024. Este decreto se refiere a la condonación de ciertas operaciones de crédito y su implementación ha sido supervisada por BAN Ecuador y otras entidades.

La información requerida fue entregada por las máximas autoridades, en unos casos y por delegados, en otros, de las instituciones convocadas.

BAN Ecuador

Jonathan León, delegado de la institución, informó que se han condonado 6.663 operaciones de crédito, sumando un total de 18.01 millones de dólares. Se han definido criterios específicos para determinar qué operaciones son elegibles para esta condonación.

Ministerio de Economía

Ana Cristina Avilés, ministra de Economía, subrogante, aclaró que el decreto no afecta el presupuesto estatal ni genera nuevas obligaciones fiscales, ya que las operaciones de crédito involucradas están provisionadas al 100 %, por su calificación de riesgo “E”.

Ministerio de Producción

El delegado Andrés Mendoza destacó la participación de su ministerio en mesas técnicas y el apoyo brindado para la ejecución de la política de condonación a nivel nacional.

Ministerio de Agricultura

Gonzalo Mendoza, delegado de esta cartera de Estado, mencionó que el 61.94 % de los beneficiarios del decreto pertenecen al sector agrícola y pecuario. Además, justificó la inasistencia del Ministro debido a imprevistos.

Superintendencia de Bancos

Antonieta Cabezas, titular de la institución, aseguró que se ha monitoreado el proceso de implementación de los Decretos Ejecutivos 317 y 383 por parte de BAN Ecuador.

Defensoría del Pueblo

César Córdova informó que ha solicitado a BAN Ecuador y a la Superintendencia de Bancos información sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento del decreto y la socialización de sus beneficios.

Asociación de Productores

Bernardo Bravo expresó preocupación por la falta de aplicación y socialización del decreto, calificando los informes presentados por las autoridades como ambiguos y criticando la protección que brinda la Junta Monetaria a los bancos en lugar de los agricultores.

Fuente: asambleanacional.gob.ec

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