Con 8 votos a favor, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional aprobó el informe del proceso de fiscalización integral sobre el derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo de 2025, en el sector El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
El informe recoge los impactos ambientales, sociales y económicos generados por el derrame, y establece recomendaciones y acciones urgentes dirigidas a diversas instituciones del Estado.
Durante la sesión, la legisladora Gissela Garzón destacó la inclusión del enfoque de género en el informe y agradeció el trabajo de la comisión. Por su parte, el presidente de la mesa legislativa, Patricio Chávez, reiteró el compromiso de transparentar el accionar de las instituciones responsables. El legislador Franklin Samaniego señaló que “el pueblo de Esmeraldas merece una respuesta clara y acciones concretas”.
El informe declara el incumplimiento de Petroecuador respecto a la normativa ambiental al no mitigar ni restaurar adecuadamente los daños. Se exige la inclusión de mujeres de las comunidades afectadas en los procesos de remediación.
La mesa legislativa recomienda a Petroecuador la creación de una comisión técnica especializada e inclusiva para evaluar el estado del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y prevenir futuros derrames.
El Ministerio de Salud deberá realizar un seguimiento médico especializado con enfoque de género y edad a los afectados, para identificar enfermedades y posibles casos de violencia relacionados con la exposición al crudo.
La reparación integral por parte de Petroecuador deberá ejecutar los seguros contratados para indemnizar a las personas afectadas.
La empresa Petroecuador y el Ministerio del Ambiente deberán presentar, en un plazo de 60 días, informes detallados sobre las acciones realizadas para remediar el daño ambiental. Además, se insta al Ministerio del Ambiente a analizar compensaciones a las comunidades y evaluar el impacto ecológico en áreas protegidas como el Refugio de Manglares del río Esmeraldas.
Igualmente, se deberán promover acciones interinstitucionales de recuperación del sector turístico, seguimiento a la entrega de bonos y apoyo a poblaciones vulnerables, evaluación de suelos y aguas contaminadas, así como respaldo a productores y pescadores locales.
El informe añade la necesidad de un plan integral de reactivación económica para la provincia de Esmeraldas, así como la implementación de medidas preventivas para evitar futuros desastres y garantizar los derechos de los grupos vulnerables y de la naturaleza.
Fuente: asamblea Nacional
