En el marco del proceso de fiscalización sobre la desaparición forzada de cuatro niños de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, la Comisión de Niñez y Adolescencia recibió a Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Mónica Luzárraga, experta en Derechos Humanos; y, Lorena Jalón Garcés, directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas Documentadas por la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo.
Billy Navarrete destacó que la seguridad ciudadana y las violaciones a los derechos humanos son algunas de las principales preocupaciones que su organización ha documentado, especialmente en la provincia del Guayas. En particular, subrayó las desapariciones forzadas cometidas tanto por agentes de la fuerza pública como por civiles, bajo la tolerancia de las autoridades.
En el caso específico de los niños de Las Malvinas relató que, el 8 de diciembre de 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana los detuvo arbitrariamente a los niños, sin justificación legal y los trasladó fuera de su jurisdicción, dejándolos en la carretera de Taura en condiciones deplorables. “Estos chicos fueron detenidos ilegalmente y finalmente, encontrados muertos tras ser sometidos a torturas”, señaló. Enfatizó que este caso no debe ser considerado un hecho aislado, sino parte de un fenómeno creciente de desapariciones forzadas en Ecuador, agudizado por la militarización de la seguridad en varias zonas del país.
De su lado, Mónica Luzárraga subrayó la grave inadecuación de los procedimientos legales que deben seguirse en casos de detención de menores de edad. Explicó que los derechos de los niños no fueron respetados en el proceso, y la detención fue ilegal y arbitraria. Además, hizo énfasis en la obligación de los agentes del Estado, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, de conocer y aplicar los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, los cuales no fueron observados en este caso.
Finalmente, Lorena Jalón presentó una cronología detallada de los hechos y destacó que la Defensoría recibió una alerta sobre la desaparición entre el 14 y 15 de diciembre. Sin embargo, la denuncia no fue clasificada como desaparición forzada, sino como secuestro, lo que impidió una respuesta más eficaz por parte de las autoridades.
También compartió las estadísticas de desapariciones a nivel nacional, mencionando que en 2023 se registraron 3 680 alertas, de las cuales el 80 % aún no se han resuelto. Durante el 2024, las alertas ascendieron a 3 426, y en enero de 2025 ya se han registrado 250 casos. Las provincias con mayor número de desapariciones forzadas son Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.
Fuente: Asamblea nacional
