La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuó con el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para lo cual recibió el criterio de tres expertos en derecho administrativo y contratación pública, como parte del proceso de socialización de esta normativa.
Daniela Cevallos, docente universitaria especializada en derecho administrativo, formuló algunas recomendaciones, entre ellas, que se revisen los cambios en materia de plazos y términos relacionados con los procesos de auditoría que desarrolla la entidad, con el propósito de salvaguardar los derechos de los administrados, más aún cuando existen fallos de triple reiteración (precedentes jurisprudenciales) que permiten saber hasta dónde va la facultad controladora del máximo organismo auditor del Estado.
Así mismo, propuso que se garantice el principio de control posterior como parte de las atribuciones de la Contraloría, con lo cual se evitarán exámenes especiales a contratos en ejecución, reduciendo la posibilidad de que algunos de ellos terminen de manera abrupta. Toda auditoría deberá desarrollarse, ya sea en la fase precontractual, una vez concluida; o cuando haya terminado el contrato, en ejercicio de la capacidad de control posterior.
María Isabel Caicedo, experta en derecho administrativo, planteó observaciones puntuales a varios artículos, uno de ellos el que establece la prohibición por cinco años para ejercer un cargo en otras entidades y organismos públicos a quienes, como funcionarios de la Contraloría, realizaron auditorías a estas. Consideró que esta disposición constituiría una limitación a la libre movilidad laboral y, además, impediría que muchas instituciones cuenten con profesionales experimentados en esta clase de procesos.
Entre tanto, Mario Fernández, máster en Derecho Administrativo, se refirió a los informes de auditoría, tema en el cual se pretende incluir cambios en plazos y en lo atinente a la caducidad. Dijo que ampliar a 270 días el plazo para emitir un informe, tendría una afectación, no solo a los administrados, sino a la propia institución, pues generaría más gastos en aspectos administrativos, equipo humano y demás. Explicó que 180 días es un plazo prudente para cumplir con un trabajo de esta naturaleza, cuando existe una adecuada planificación.
Fernando Cedeño, titular de la Comisión, agradeció los aportes expuestos por los profesionales del derecho y, a la vez, solicitó que sus puntos de vista sean remitidos por escrito para que sean considerados dentro del análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Fuente: Asamblea
