Cuatro nuevos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se suman a la agenda de trabajo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que contribuirán a la lucha contra la delincuencia, inseguridad y crisis carcelaria.
El presidente de la mesa legislativa, Fernando Cedeño destacó que el estudio de la reforma penal es la principal prioridad en la Asamblea, porque es parte del clamor ciudadano.
El legislador Vicente Taniano sostuvo que la comisión priorizará el estudio de estas propuestas, de modo que el informe para segundo debate esté entre el 15 y el 20 de febrero próximo y, de esta manera, dar elementos a jueces y fiscales para que puedan realizar su trabajo de mejor manera y castigar con contundencia a los infractores.
En la sesión de este viernes inició el estudio de las propuestas que en esta materia presentaron los asambleístas: Jorge Acaiturri, Otto Vera y Mariana Yumbay, que fueron unificados con el proyecto que recoge otras 39 iniciativas legislativas.
Mariana Yumbay explicó que su propuesta busca garantizar la seguridad pública y recoge una de las mayores demandas de la población. Afirmó que la reforma penal constituye una acción urgente para darle al país paz y tranquilidad.
Tras afirmar que su proyecto reforma seis leyes, entre ellas el COIP, indicó que el proyecto incrementa las penas para delitos como secuestro, secuestro extorsivo, peculado, robo, entre otros, que han causado zozobra en la ciudadanía, así como, aspectos relacionados con el régimen penitenciario para que las personas privadas de la libertad (PPL), que no representen peligrosidad, realicen actividades productivas para beneficio propio, de sus familias y, en ciertos casos, para la reparación económica a las víctimas de los delitos.
El proyecto de Otto Vera está orientado al fortalecimiento del sistema de justicia, procesamiento eficiente de criminales y control de grupos de delincuencia organizada. El legislador subrayó que el proyecto pretende reducir las tasas de amotinamientos existentes en los centros de privación de libertad, optimizar su control y gestión; imponer penas privativas de libertad acordes a la comisión de ciertos tipos penales, con el propósito de mejorar la seguridad de la ciudadanía.
A su criterio, esta ley significará un gran aporte al fortalecimiento del sistema de justicia, para que se pueda procesar efectivamente a los criminales y tener un mejor control de los grupos de delincuencia organizada.
El proyecto de Jorge Acaiturri crea herramientas para sancionar de manera oportuna a los responsables de actos delincuenciales, como son los vacunadores, extorsionadores, femicidios, asesinatos y otros actos criminales.
En la exposición de motivos Acaiturri señala que con ello se busca dotar a las autoridades un marco jurídico adecuado al tipo de delitos que se cometen, ante los avances de la delincuencia, considerando que la ley vigente se vuelve insuficiente a los nuevos elementos criminales que afectan a los ciudadanos, tales como el uso de explosivos y medios electrónicos.
La comisión también avocó conocimiento del proyecto presentado por el exlegislador Jorge Pinto, que tiene como objetivo proteger a los niños, niñas y adolescentes de los delitos de acoso y extorsión cibernéticos.
Fuente: Asamblea nacional