Comisión de Justicia debate temporalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación

La Comisión de Justicia, previo a tomar una decisión en torno a uno de los nudos críticos del proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, como es la temporalidad, escuchó a varios profesionales y expertos, quienes desde lo técnico y la evidencia científica presentaron sus observaciones sobre el tema.

Syaina Pandzic, médico pediatra, expresó su criterio en contra de la interrupción del embarazo en casos de violación. Argumentó que los estudios y avances científicos defienden la vida desde la concepción. No obstante, reconoció que el embarazo en niñas menores a 15 años tiene mayor riesgo, pero que se puede solucionar cualquier complicación.

La doctora Karina Marín, resaltó la apertura de la Comisión de Justicia de escuchar las diversas visiones, en ejercicio de diálogo ciudadano y reflexión que es uno de los pilares fundamentales de la democracia, a la vez consideró que no está de acuerdo en fijar plazos para la interrupción del embarazo.

Sostuvo que la ley que se debate es una oportunidad no solo para la reparación histórica de personas violentadas sexualmente durante décadas, sino para evitar que las mujeres continúen perdiendo sus vidas en prácticas clandestinas. Recordó que ya en 1938 se despenalizó el aborto en el caso de personas con discapacidad mental y durante 80 años nadie ha criticado esta norma.

Calum Miller, médico graduado en la Escuela de Medicina de Oxford, afirmó que hay evidencia médica que el aborto tardío es menos seguro. Estudios demuestran que mientras más tarde es el aborto, mayor es la tasa de mortalidad y es inseguro a partir de los cinco meses, añadió.

También informó que la mayor parte de los países europeos han establecido como límite para la interrupción del embarazo las 12 semanas y que los bebés pueden sentir dolor a las 10 semanas y la interacción social puede darse a las 12 semanas, a la vez que presentó experiencias en otros países, así como los problemas ocasionados por el aborto tardío y el embarazo no deseado.

De su lado, Octavio Miranda, médico ginecólogo, sugirió considerar que en el país más de tres millones de personas están en el rango de 10 a 19 años de edad y que cinco millones de mujeres están en edad fértil, así como los índices de violencia de género, los abortos inseguros y muerte materna.

Tras detallar las diversas etapas del embarazo, sostuvo que es necesario garantizar el bienestar de las personas, más aún si son vulnerables o con discapacidad, a la vez que expresó su preocupación porque 8 de cada 10 embarazos en niñas de 14 años son producto de violación y que según la Fiscalía en el país se presentan 11 denuncias de violación cada día. La atención en la salud es un derecho, no un privilegio, concluyó.

Mariana Romero, magister en Ciencias de Salud Reproductiva, tras recordar que desde enero de 2021 está en vigencia en Argentina la ley sobre la interrupción del embarazo para contribuir a la reducción de mortalidad y morbilidad, aseveró que se debe considerar de manera integral los derechos sexuales y reproductivos. Sostuvo que la ley en Ecuador debe basarse en tratados y convenciones de derechos humanos. “La ley argentina permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, cuando se trata de una violación o haya riesgo para la vida y la salud”, señaló.

Esteban Ortiz, médico investigador, expresó que al aborto se lo debe tratar como un problema de salud pública. Advirtió que el aborto terapéutico sin vigilancia médica es muy alto en Ecuador; desde 2004 se ha registrado oficialmente algo más de 435 mil abortos, enfatizó el especialista, al explicar que las niñas de 10 a 14 años tiene mayor riesgo de morir por problemas vinculados al aborto.

Además, aseveró que luego de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica y sanciona estas prácticas, el aborto espontáneo creció al doble, al tiempo que indicó que un aborto tardío mayor a las 20 semanas conlleva mayor riesgo y complicación desde el punto de vista médico, físico y psicológico. “Es necesario evitar la clandestinidad y ello se consigue con la regulación para garantizar la vida”, subrayó.

El último en intervenir fue Juan Pablo García, de la Universidad Espíritu Santo, comentó que es necesario considerar que el bebé sufre, siente y escucha lo que sucede en el exterior de la madre, así como la parte psicológica y social de la niña, adolescente o mujer embarazada. Dijo que frente a esta situación es necesario trabajar en la promoción de la salud y en la prevención.

 

Fuente: Asamblea Nacional

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba