La Comisión de Gobiernos Autónomos analiza una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; para ello, esta tarde recibió las observaciones de dos expertos en la materia y conoció las opiniones de los asambleístas.
Previo al análisis, desde el área de asesoría, Cristina Pazmiño recordó los antecedentes de la iniciativa presentada por la exlegisladora Marisol Peñafiel en 2015. La propuesta legal, que contiene 26 artículos, abarca aspectos como: incorporación de actividades artísticas; definiciones; nuevo proceso de contrataciones de urgencia; contratación de ínfima cuantía; facultad del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) para absolver consultas con carácter vinculante; tope máximo para anticipos; y modificación del texto de reclamaciones en contra de las entidades contratantes.
Posteriormente, el abogado especialista en derecho administrativo y contratación pública, Mauricio Rodríguez, señaló que estas reformas podrían entrar en contraposición con las últimas modificaciones aprobadas por la Asamblea Nacional. Además, revisó cada uno de los artículos propuestos.
Por su parte, Pablo Játiva Moya, abogado y magíster en Política Internacional, resaltó los avances de las reformas vigentes en materia de contratación pública, contenidas en la Ley Orgánica de Integridad Pública, y destacó la necesidad de contar con financiamiento para implementar todos los cambios. Entre los aspectos fundamentales, se refirió a los puntos que recibirán los proveedores por sus denuncias, pero cuestionó qué sucederá cuando tales pedidos se multipliquen.
Los asambleístas Cristian Benavides y Pablo Jurado, dentro del análisis del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, consideraron que se debe evaluar la posibilidad de mejorar la iniciativa o recomendar su archivo, en atención a que fue presentada hace diez años.
También se pronunciaron la legisladora Patricia Núñez, respecto a la continuidad del trámite, y el asambleísta Xavier Lasso, quien reflexionó sobre la importancia de respetar la unidad de materia en los proyectos de ley.
Por último, la presidenta de la mesa legislativa, Lucía Pozo, coincidió con el criterio de la legisladora Patricia Núñez y manifestó que se continuará con el trámite, conforme lo establecido en el segundo inciso del artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
