La Comisión de Desarrollo Económico recibió este lunes a representantes del sector empresarial, expertos en Derecho Penal y miembros de la Policía Nacional, con el objetivo de recoger observaciones técnicas y propuestas que permitan fortalecer el articulado de la normativa para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, calificado como urgente en materia económica.
Entre los comparecientes estuvieron Juan Pablo Malo, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca; Emilio Gallardo, director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil; juristas penalistas como Stalin Raza y Felipe Rodríguez; así como un grupo de agentes de la Policía Nacional con experiencia directa en el combate a la delincuencia organizada.
En su intervención, Juan Pablo Malo expresó el respaldo del sector productivo formal a la propuesta legislativa, subrayando que la seguridad constituye actualmente una necesidad económica. Destacó la importancia de contar con una normativa que permita al sector privado colaborar activamente con el fortalecimiento de las instituciones encargadas del orden y la seguridad, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Emilio Gallardo enfatizó el enfoque del proyecto hacia las víctimas del conflicto y la promoción de una infraestructura productiva protegida. Propuso además la creación de un fideicomiso desde los gremios empresariales, que canalice aportes del sector privado hacia las fuerzas del orden, bajo criterios de eficiencia, transparencia y control.
El asesor jurídico de la Policía Nacional, Rodrigo Cordero, respaldó esta propuesta e hizo un llamado a garantizar el respaldo legal y operativo necesario para enfrentar al crimen organizado, que ha escalado su accionar en los últimos años. Por lo que planteó la necesidad de ampliar el alcance del artículo 32 del proyecto, permitiendo que las donaciones incluyan, además de equipamiento, insumos, servicios y bienes inmuebles.
Durante la jornada, también se escucharon los testimonios de agentes policiales que han enfrentado directamente a organizaciones delictivas en el contexto de las crisis carcelarias. Compartieron sus vivencias, destacando los riesgos a los que se exponen y solicitaron mayor apoyo institucional, logístico y legal. “No podemos seguir enfrentando al crimen con desventaja”, afirmaron.
En el plano jurídico, el penalista Felipe Rodríguez planteó la necesidad de incorporar el delito de pertenencia a organizaciones criminales, como herramienta para enfrentar al crimen organizado. Además, sugirió ajustar los plazos de aprehensión y establecer medidas diferenciadas en contextos de violencia extrema, siempre respetando el debido proceso.
Stalin Raza, también experto en Derecho Penal, defendió la constitucionalidad del proyecto y resaltó que la calificación de urgencia económica corresponde al Presidente de la República, cuando existe una conexión razonable con objetivos económicos. Subrayó la necesidad de un régimen penal diferenciado para combatir a las estructuras delictivas que hoy representan una amenaza real al Estado de Derecho.
Finalmente, la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa señaló que se continuará con el análisis del proyecto, incorporando los aportes recibidos para asegurar una normativa robusta, que permita enfrentar con mayor eficacia a las estructuras criminales que afectan la seguridad, la economía y la institucionalidad del país.
Fuente: Asamblea Nacional
