En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, calificado como urgente en materia económica, la Comisión de Desarrollo Económico recibió valiosos aportes técnicos y jurídicos de especialistas nacionales e internacionales, así como de representantes del sector productivo.
Durante la sesión, Daniela Alvarado, directora jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), planteó la necesidad de incorporar una disposición transitoria que permita modificar de forma inmediata el artículo 18 de la ley vigente, mientras entra en vigor la nueva Ley de Lavado de Activos. Asimismo, destacó que el artículo 17.1 de la propuesta legal fortalece la capacidad operativa y de inteligencia financiera de la UAFE, consolidando su rol dentro del bloque de seguridad del Estado.
Por su parte, Juan Gabriel Reyes, experto en derecho tributario, analizó el artículo 32 del proyecto, que propone un incentivo tributario para las donaciones de ciudadanos y empresas a favor de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, las cuales se reconocerían como crédito tributario del impuesto a la renta. El especialista sugirió canalizar las donaciones a través del Servicio de Rentas Internas para garantizar la transparencia, eficacia y control de los recursos.
El legislador Adrián Castro propuso fortalecer el texto normativo con considerandos que evidencien el impacto económico del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Además, planteó reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para faciliatar la reversión inmediata de maquinaria incautada en actividades ilegales y propuso destinar inmuebles incautados a proyectos de utilidad pública, como centros educativos, viviendas o infraestructura deportiva y cultural.
Comisión General:
El General Jorge Vargas, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, compartió la experiencia de su país en el combate al crimen organizado, destacando el papel de la inversión estatal en inteligencia, investigación y operaciones especiales. Afirmó que decisiones legislativas como las que se debaten actualmente en Ecuador pueden marcar un punto de inflexión en la seguridad nacional.
Manfred Grautoff, asesor en seguridad nacional, señaló como desafío estructural la débil capacidad de las unidades de inteligencia financiera, subrayando que una lucha efectiva contra el crimen requiere también de instituciones civiles robustas que puedan rastrear y desmantelar las finanzas delictivas.
Desde el ámbito tributario, Carlos Coronel respaldó la coherencia legal y económica del artículo 32, destacando que el crédito tributario representa un mayor incentivo que la deducción simple y motiva a una mayor participación del sector privado. Por lo que, propuso que desde su aplicación inmediata y desde la publicación de la ley se especifiquen los tipos de bienes de donaciones, excluyendo armamentos y municiones.
Karina Escobar, directora ejecutiva de CAPEIPI, expresó el respaldo del sector de las pequeñas y medianas empresas, argumentando que esta medida permite a las pymes participar en el fortalecimiento de la seguridad pública, que es esencial para la estabilidad productiva. Subrayó que la corresponsabilidad entre sector público y privado es esencial para enfrentar la crisis de seguridad.
Finalmente, el jurista Xavier Buendía defendió la constitucionalidad y urgencia económica de la ley, señalando que promueve una alianza estratégica con el sector privado para mejorar la seguridad ciudadana. Informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha destinado una línea de crédito de 400 millones de dólares para este tipo de iniciativas y recomendó estructurar proyectos bajo esquemas de asociación público-privada que maximicen el impacto de los incentivos tributarios.
Fuente: Asamblea Nacional
