La Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Garantizar los Derechos Laborales de las Personas con Discapacidad, Enfermedades Raras, Huérfanas, Catastróficas y de Alta Complejidad y sus Sustitutos.
La comisión se allanó a los 16 textos sugeridos por el colegislador, considerando que estos mejoran, tanto a nivel formal como material, el contenido de este proyecto de ley orientado a proteger la estabilidad laboral y los derechos de este grupo poblacional en los ámbitos público y privado.
La normativa establece que los nombramientos provisionales otorgados a personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas o de alta complejidad y sus sustitutos, tanto como a mujeres embarazadas, con permiso de maternidad o de lactancia, no podrán ser cesados y tendrán vigencia hasta que se incorpore o reincorpore el titular de la partida correspondiente.
El servidor público con discapacidad, enfermedades de este tipo, o que haya sufrido un accidente grave, tendrá derecho a licencias médicas con remuneración por el tiempo que sea necesario para su tratamiento, conforme a la certificación médica correspondiente. Estas ausencias no podrán ser descontadas de la remuneración del servidor ni de sus vacaciones.
Para los servidores públicos con discapacidad que residan en Galápagos, o sean pacientes con este tipo de enfermedades, así como sus sustitutos, se establecerán licencias médicas con goce de sueldo por el tiempo necesario para recibir tratamiento en el continente, garantizando su reintegro automático al puesto de trabajo.
El secretario de la Comisión, Diego Cedeño, expuso a los legisladores el informe no vinculante y la justificación del veto a través de una tabla comparativa entre el texto emitido por la Presidencia de la República y el elaborado por la comisión.
Luego de la exposición del informe, los legisladores Roberto Cuero, Humberto Alvarado, Fernando De la Torre y Juan Pablo Molina manifestaron que el veto del Ejecutivo es discriminatorio y vulnera los derechos de las personas con discapacidad y de las mujeres embarazadas. Enfatizaron en la necesidad de avanzar, y no retroceder, en la garantía de derechos para este grupo vulnerable de la población.
El presidente de la Comisión, Eckenner Recalde, quien comentó ser padre de un hijo con discapacidad y haber decidido enarbolar esa bandera en un mundo desigual, informó que el análisis del veto se realizó de manera responsable, con sustento técnico y jurídico.
Finalmente, el asambleísta Christopher Jaramillo mocionó la aprobación del informe, el cual fue aprobado con seis votos.
Fuente: Asamblea Nacional
